Irma Eréndira Sandoval informó que en 2019 el gobierno revisó el manejo 65 mil millones de pesos donde están evidentemente implicados los sectores farmacéutico y de salud. La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) expuso que la mayor parte de las quejas se concentraron en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Al concluir su encuentro privado con diputados federales de Morena, al cual también acudieron José Agustín Ortiz Pinchetti y Santiago Nieto, Sandoval indicó que la dependencia a su cargo también sigue el caso en torno al desabasto de medicamentos, con la investigación de media docena de altos funcionarios del sector salud. Estamos investigando –dijo– a empleados de todos los niveles, sin buscar chivos expiatorios.

También reiteró que en los últimos 10 meses se ha sancionado a 3 mil 97 funcionarios de todos los estratos.

En la reunión, la doctora Sandoval solicitó el impulso de la iniciativa de ley federal de conflicto de interés, que implicará la obligación de la SFP de llevar un registro público de intereses que pudieran derivar en conflicto; obligaciones y prohibiciones de proveedoras y contratistas que pudieran incurrir en conflictos de intereses; reglas para la prevención de conflictos de intereses con posterioridad al desempeño de funciones públicas, así como regular las actividades que suelen traducirse en conflicto de interés en el desempeño de la función pública.

Entre las peticiones al grupo morenista también destacó la solicitud de apoyo a la iniciativa de ley general de protección a alertadores –dirigida a salvaguardar a las personas que denuncien actos de corrupción–, donde se reconocerá el derecho de cualquier persona a alertar, determinar la información susceptible de ser revelada, la creación del órgano de protección a dichos ciudadanos y el procedimiento de alerta.