Tras la aprobación de la política nacional anticorrupción (PNA) el pasado miércoles, el reto ahora es que las 32 entidades federativas emitan sus propias legislaciones locales y que comience la identificación y medición del nivel de actos deshonestos en el país, señaló Ricardo Salgado Perilliat, secretario técnico del Sistema Nacional ­Anticorrupción.

En entrevista con La Jornada, el funcionario saludó el hecho de contar con un documento en el que todas las instituciones del Estado mexicano se pueden basar para combatir la corrupción, la arbitrariedad y el abuso de poder, así como mejorar la gestión pública, por lo que ahora sigue la fase de implementar las 40 prioridades que establece la PNA y observar su funcionamiento.

Lo primero que hay que hacer es la fase clave de llevar esas 40 prioridades a acciones concretas y factibles que implementen las instituciones públicas del país en el corto, mediano y largo plazo, y también una fase de diálogo entre gobierno y sociedad para articular estos programas de manera precisa, indicó Salgado.

De igual forma, durante 2020 se empezarán a evaluar los actos de corrupción que ocurren en el país y mediciones de los resultados que alcance la PNA, además de impulsar la aprobación de leyes anticorrupción en todos los estados de la República. En esta ruta, Zacatecas ya se adelantó y votó la suya el mismo miércoles.

Salgado Perilliat indicó que para la puesta en marcha de la política anticorrupción no será necesario dedicar más presupuesto del que ya tienen las instituciones este año. Añadió que a partir de 2021 habrá un esquema piloto para medir el gasto de los entes públicos en materia de lucha anticorrupción.

Una de las principales virtudes de la PNA, de acuerdo con el ­funcionario, es que en su elaboración se tomaron más en cuenta los puntos de vista de los ciudadanos y los expertos en los foros de discusión que se llevaron a cabo sobre el tema, más que los de entidades gubernamentales, lo que lo hace un instrumento eminentemente ciudadano.