“En el tema de tecnología, no es la Estafa maestra, sino la Estafa magistral, porque es muy difícil encontrar los robos”, aseguró Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional de Presidencia, al presentar en Palacio Nacional un informe del gasto millonario en ese rubro durante los dos sexenios anteriores.

Explicó que en la Secretaría de la Función Pública hay alrededor de 50 denuncias por presuntas irregularidades, y confió en que caigan los responsables, pero al mismo tiempo admitió que será difícil llevar a alguien a la cárcel.

Es difícil que haya un culpable directo porque todo está legalmente aprobado, incluso con comités, así que es difícil tener el resultado de alguien en la cárcel, porque al final no hay responsable por la dispersión en el proceso de compra, respondió a la pregunta de si señalaría a Alejandra Lagunes, jefa del área digital en el gobierno pasado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló al inicio de la conferencia de prensa matutina que los contratos millonarios en sistemas informáticos era un deporte nacional para favorecer a funcionarios y a amigos de éstos. Había gran corrupción en todo esto. Se puso orden y ya estamos trabajando de otra manera, destacó.

Calderón Mercado presentó diversos casos de gasto excesivo, no justificado o alterado. Por ejemplo, de 2014 a 2018 el Centro de Investigación y Seguridad Nacional destinó para sistemas y mantenimiento de bloqueo de comunicaciones móviles en penales 3 mil 600 millones de pesos, 3 mil 885 millones más para sistemas para obtención y procesamiento de video a distancia y 2 mil 734 millones para solución de inteligencia.

Otro ejemplo es del área de readaptación social, cuyos costos de mantenimiento son muy altos. Mencionó también compras millonarias y cuentas alteradas para fotocopiado en el Issste y la Secretaría de Salud, así como la compra o subrogación de servicios a particulares incluso en áreas sensibles –como el centro de datos y seguridad de la información y el motor de cruce de datos biométricos de la cancillería– que, en opinión de la administración actual, deben estar en manos del gobierno.

Sostuvo que al llegar al área a su cargo se halló a escala general del gobierno federal un claro desorden administrativo, uso a conveniencia de las partidas presupuestales para enmascarar gasto en tecnología, ausencia de verificación real de proyectos, contratos y bases de licitación que favorecían a ciertos proveedores y contratos millonarios con empresas cercanas a funcionarios. Se favorecía a empresas particulares a costa del recurso público. Esto fue una constante en muchas compras de gobiernos pasados, señaló.

Igualmente, han detectado compras indiscriminadas de tecnología; sistemas con las mismas funciones, pero a diferentes precios; desarrollos excesivamente caros y poco usados, así como pagos costosos de mantenimiento a sistemas obsoletos.

Explicó que el origen del desorden fue en diciembre de 2006, con un decreto de austeridad que ordenaba la contratación de servicios y mantenimiento de sistemas, por lo que un año después el gasto pasó de 775 a 2 mil 420 millones de pesos, para alcanzar el pico en 2017, con una erogación de poco más de 12 mil millones de pesos.

Ahora la tarea, según el funcionario, es reducir costos, comprar sólo lo necesario y recuperar el control, sin conceder contratos a compañías favoritas. Según la tabla presentada ayer, la Presidencia de la República gastó en 2018 en esta materia 384 millones de pesos y el año pasado se logró un ahorro de casi 60 por ciento. Lo mismo se está haciendo en las dependencias del Ejecutivo federal, para lograr un ahorro de 37.9 por ciento, al pasar de 6 mil 241 millones de pesos en 2018 a 3 mil 989 en 2019.