El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, consideró ayer pertinente avanzar hacia elecciones menos costosas y más austeras, pero sin poner en riesgo los pilares y las conquistas alcanzadas en cuatro décadas de reformas electorales.

Entre ellas resaltó la autonomía de las autoridades comiciales, certeza en los procedimientos y la pluralidad permitida por la introducción de la representación proporcional.

En la reunión plenaria de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, advirtió que una reforma que abarate los costos pero que merme los procedimientos, la equidad en las condiciones de competencia y que lastime la pluralidad, puede implicar un retroceso.

Sobre la reducción del financiamiento a los partidos políticos, Córdova expuso que nadie está contra la austeridad y que las elecciones sean menos onerosas.

Sin embargo, preocupa que la austeridad sea vista como un propósito en sí mismo, desvinculado de otros temas que se han construido.

Planteó que se reflexione cómo racionalizar costos, incluido el financiamiento a los partidos.

Temprano, sobre las críticas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho al INE, Córdova indicó que este organismo es un árbitro que ha dado y seguirá dando certeza a todos los contendientes y actores políticos de un trabajo imparcial y apegado a la Constitución.

Trató de evitar una polémica con el mandatario y señaló que los procesos electorales se van a seguir haciendo con respeto al voto y equidad en las condiciones de competencia.

De gira por Villahermosa, Tabasco, donde suscribió convenio de colaboración con el gobierno del estado, explicó que sin entregar la base de datos biométricos se están generando sinergias para que esa información tenga utilidad pública.

La transferencia de esos datos no es necesaria. Los convenios que hoy firmamos son la mejor prueba de cómo podemos combinar con esfuerzos institucionales el combate al robo de identidad y la garantía del derecho a la identidad, sin que esto entre en colisión y en contradicción con el derecho a la protección de los datos personales, añadió.

Las declaraciones del funcionario se producen tras negarse a entregar los datos biométricos a la Secretaría de Gobernación, que la solicitó para expedir la cédula de identidad.