El periodo de sesiones de la Cámara de Diputados empezará con una agenda de temas pendientes al que la mayoría pretende dar celeridad: la reforma al artículo cuarto constitucional –propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador– para garantizar las pensiones y becas, la convocatoria esta semana para elegir a cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y la reducción a la mitad del financiamiento a los partidos.

En la plenaria de los diputados de Morena, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió seguir la partitura y no presentar iniciativas sin orden ni concierto.

Antes de que propongan reformas –como se lee en la relatoría del encuentro de carácter privado–, la funcionaria pidió informar al coordinador para que éste a su vez lo comparta con la Unidad de Enlace Legislativo y así tener un orden temático.

Como parte de la relatoría que se levantó para contar con un registro del contenido de la plenaria, la funcionaria se refirió a la necesidad de coordinar prioridades del gobierno con el trabajo legislativo.

En el documento se precisa: Comentó que la coordinación de acciones debe corresponder entre gobierno y Legislativo sin menoscabo de sus atribuciones que el cargo les confiere (a los diputados), por lo que sugirió a los legisladores que antes de presentar las iniciativas lo informen para que exista coordinación.

La titular de Gobernación planteó las siguientes prioridades: la Ley de Amnistía, en revisión; el proceso de selección de cuatro consejeros del INE, que por su materia es tema de Estado; la reforma al artículo cuarto constitucional para confirmar un verdadero estado de bienestar, al eliminar marginación y desigualdad, como garante de los derechos sociales; migración, así como desplazamiento forzado interno y la evasión de población.

En la relatoría se agrega que Sánchez Cordero resaltó que el gobierno está decidido a atender el tema migratorio por lo que es necesario establecer y mejorar los mecanismos de registro e integración de migrantes con respeto al estado de derecho y los derechos humanos.

También definió como prioridad una reforma judicial que agilice los procesos penales y de administración de justicia para todas y todos, sin retrocesos a los derechos humanos, e incluso adecuar un conjunto de leyes a la firma del T-MEC.

También afirmó que se han tomado decisiones difíciles, a veces muy difíciles y en ocasiones con riesgos evidentes, pero ha prevalecido la prudencia y la sensatez.