Madrid. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que instruye el caso contra la anterior cúpula del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), concluyó en su auto que quedó probado durante la instrucción que la entidad financiera contrató servicios de espionaje y vigilancia ilegales que supusieron una injerencia en los derechos fundamentales de las personas.

Entre los ejecutivos imputados por este caso se encuentra quien fue presidente del BBVA durante 13 años y uno de los banqueros más influyentes del país, Francisco González, quien, cuando salió a la luz el escándalo, tuvo que dimitir a su cargo como presidente de la Fundación BBVA.

El caso que investiga la justicia española se refiere a los servicios de espionaje que contrató el BBVA por más de 10 millones de euros y que pagó a uno de los personajes más turbios y siniestros del país, un ex comisario de policía llamado José Manuel Villarejo –hoy en prisión–, quien creó una red privada de espionaje que utilizó para vigilar, grabar y amedrentar a todo tipo de personajes.

Para camuflar su entramado ilegal el ex comisario tejió una red de empresas –más de 40–, desde la que blanqueaba el dinero que ganaba por los encargos que recibía de algunos de los políticos y empresarios más importantes de España.

En el caso concreto del BBVA, Villarejo recibió el encargo, a expensas y bajo la supuesta aprobación del propio Francisco González, de vigilar e investigar a clientes de la entidad financiera con deudas importantes –como el promotor inmobiliario Fernando Martín, dueño de la constructora Martinsa–, pero también conocer detalles de la vida personal y los movimientos empresariales de potenciales rivales en la Junta de Accionistas de los entonces directivos del banco.

Así lo hicieron, por ejemplo, con Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr y quien intentó maniobrar para hacerse del control mayoritario de la junta de accionistas de la entidad financiera.

Villarejo los espió de forma regular y toda esa información la trasladó a los directivos del banco que le contrataron y quienes le pagaron más de 10 millones de euros por sus servicios (200 millones de pesos).

En el auto judicial, el magistrado español, que preside el juzgado de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, señala que durante la presidencia de Francisco González el banco encargó el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o investigación de carácter patrimonial. Estos servicios tuvieron carácter ilícito, debido a la incompatibilidad de los encargos asumidos por su entramado empresarial Cenyt con su condición de funcionario policial en activo. Esto podría acarrear al ex comisario una condena por el delito de cohecho pasivo.

El juez también sostiene que en el desarrollo de la prestación de los servicios contratados se llevó a cabo una injerencia en los derechos fundamentales de las personas, toda vez que se accedió a sus comunicaciones, se llevaron a cabo seguimientos personales o se accedió a su documentación bancaria. Así, podrían ser condenados por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y llevar a prisión a algunos de los ex directivos de la entidad.

El magistrado también documentó el intercambio económico entre el BBVA y el ex comisario. Así lo explica en el auto: A cambio de elevadas sumas de dinero, habiéndose localizado abonos en las cuentas de la mercantil Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL por un importe total de 10 millones 284 mil 689.30 euros, dinero que tendría origen en la prestación de servicios por aquella la entidad BBVA.

Francisco González dirigió 13 años la poderosa entidad financiera, precisamente durante la época de mayor expansión internacional, y fue uno de los banqueros más poderosos e influyentes de España en las últimas década.

Precisamente, durante esa época, González y el BBVA habrían contratado los servicios del polémico ex comisario para que realizara más de 4 mil rastreos y varios miles de grabaciones de conversaciones telefónicas y de reuniones privadas, en las que se abordaban cuestiones delicadas, tanto para las respectivas empresas como para cuestiones relacionadas con la vida privada de esas personas.