l original Instituto Federal Electoral (IFE) le cambiaron una palabra, para que quedara como Instituto Nacional Electoral (INE), pero en esencia todo ha seguido igual: es un organismo público teóricamente autónomo que prepara y realiza las elecciones federales en México, aunque en la realidad ha sido en su cúpula ejecutiva una instancia de procesamiento (fraudulento en varios casos históricos) de esas jornadas comiciales conforme a los intereses de los grupos políticamente dominantes desde que Carlos Salinas de Gortari creó tal instancia, en 1990 (como respuesta a las acusaciones de fraude electoral e ilegitimidad de su llegada a Los Pinos), pasando por la Docena Trágica de Vicente Fox y Felipe Calderón (éste, otro caso escandaloso de fraude electoral), hasta llegar a 2018, cuando una aplastante suma de votos y una convenenciera atrofia mapacheril de última hora de Enrique Peña Nieto inutilizaron cualquier pretensión de adulterar los resultados.

En términos generales, los consejeros ciudadanos o electorales del IFE y del INE han sido designados en función de repartos por cuotas entre los principales partidos políticos, cuyos representantes para estos efectos negocian como podría hacerse en un tianguis, incluso intercambiando favores o designaciones en otros ámbitos, como el Poder Judicial, organismos autónomos o cargos directivos en el Poder Ejecutivo, a cambio del voto de los opositores para que el partido dominante se haga del control del IFE-INE. Claro, esos opositores se quedan con algunos asientos en el consejo de esos institutos electorales.

A fin de cuentas, los consejeros así nombrados suelen obedecer a las instrucciones políticas de sus promotores individuales o partidistas. Ha habido ejemplos de posturas decorosas, sobre todo en el periodo presidido por José Woldenberg (1994- 1996), con el periodista Miguel Ángel Granados Chapa y el abogado José Agustín Ortiz Pinchetti (actual fiscal especializado en asuntos electorales) como figuras relevantes. En otros momentos, destacaron el abogado Jaime Cárdenas Gracia, Mauricio Merino y Jesús Cantú (segundo de a bordo, actualmente, en la coordinación de comunicación social de la Presidencia de la República, con Jesús Ramírez Cuevas).

Pero, más allá de las intensas discusiones que pudieran darse en el Consejo General del IFE o el INE, donde participan representantes del Poder Legislativo y de los partidos políticos con registro (todos éstos con voz, pero sin voto, a diferencia de los 10 consejeros electorales y el presidente, que tienen voz y voto), la clave operativa está en la Junta General Ejecutiva que preside la misma persona que preside el Consejo General, actualmente Lorenzo Córdova Vianello.

Es desde esa Junta General Ejecutiva, su presidente, secretario ejecutivo y directores ejecutivos, que se despliega la operación real. Una estructura amplia, que consume una gran cantidad de recursos y desde la cual, si así se desea, se pueden sembrar maniobras y luego cosechar resultados que permitan presentar como veraces los resultados de una votación que no lo hubieran sido.

Como puede verse, la integración del actual Consejo General del INE y de sus órganos ejecutivos ya no corresponden a una realidad política que cambió el pasado julio de 2018. En abril próximo deberán renovarse cuatro de los 11 asientos de ese Consejo General, en una decisión legislativa en la que Morena, PT, PES y el Verde pueden hacer que se cumplan las propuestas que por política real vendrán de Palacio Nacional. Ya con un consejero proclive a Morena, más estos cuatro por nombrar y alguno que ceda a lo pragmático, el obradorismo tendría mayoría.

Es de desearse que el poderío numérico de Morena-Palacio Nacional instale perfiles cívicos sin partidismo semioculto o condicionante. Pero, lo que sí es seguro, es que el modelo faccioso y proclive al fraude electoral del IFE-INE está por cambiar, al igual que directivas ejecutivas como la que hoy encabeza Lorenzo Córdova. ¡Hasta mañana!

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