El diputado Efraín Morales Sánchez solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para auditar las finanzas del Legislativo local y de los 66 diputados que lo integran.

En tribuna, el morenista consideró a la presente Legislatura como la peor de toda la historia de la ciudad, pues apenas han dictaminado 18 por ciento del total de iniciativas presentadas hasta diciembre de 2019; esto es, 159 de 878.

“Que se auditen las unidades administrativas, los contratos laborales, los convenios, chequeras, compras y bienes, pólizas, nóminas y la prerrogativa anual. Es evidente la opacidad que existe en este Congreso: la falta de verdad, las verdades a medias, la mentira, el abuso, el dispendio, el uso indiscriminado de recursos económicos y materiales, la contratación indebida de personal, la corrupción...

La crisis interna, que tampoco se puede obviar y que a juicio personal es producto de lo mismo: de la opacidad, de la disputa por el dinero y el poder. Propongo la intervención de la auditoría para que fiscalice a este Congreso.

El diputado perredista Jorge Gaviño Ambriz resaltó que el morenista fue valiente al presentar su punto de acuerdo, el cual fue aprobado por el pleno.

Se contratan seguro de vida

De acuerdo con documentos de la Oficialía Mayor, en diciembre de 2019 se requirieron 600 mil pesos para la contratación de un seguro de vida y retiro para los diputados, mandos medios y técnicos operativos de confianza del Congreso.

Lo anterior contraviene el artículo 111 de la Ley de Austeridad que ordena que a ningún servidor público de la Ciudad de México se le autorizará la contratación de seguros privados de gastos médicos, seguros de vida y seguro de separación individualizada.

En entrevista, el oficial mayor, Alfonso Vega González, explicó que la contratación de seguros de salud es una obligación plasmada en el artículo 3 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Hay una contradicción entre la Ley del Issste y la Ley de Austeridad; ya lo hice saber a la Junta de Coordinación Política. O desacato una (ley) o desacato otra, pero sí es una gran contradicción. Lo correcto sería modificar la de Austeridad para poner como exclusión el seguro que prevé la del Issste.

En el mismo documento referente a requisiciones aparece la renta de 200 mil pesos para un enlace de microondas entre los estudios Insurgentes al Cerro del Chiquihuite para transmitir la señal del Canal del Congreso en noviembre de 2019; sin embargo, para esa fecha el canal ya no se encontraba en operación, pues el edificio en Insurgentes había sido desalojado.

En respuesta, el funcionario afirmó que desconocía ese movimiento, pues la antena fue trasladada a la sede de Donceles.

Tal vez fue un contrato para formalizar lo que había anteriormente, pero nosotros hicimos una requisición nueva de Donceles a Chiquihuite, porque ahí quedó la antena, expuso el funcionario.