Chilpancingo, Gro., Funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG) pidieron a los dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en Alcozacán, municipio de Chilapa de Álvarez, el desarme de los niños que se integraron a este sistema comunitario. A cambio se otorgará alimentación, educación y seguridad a los pueblos de esa región, informó David Sánchez Luna, coordinador de la CRAC-PF.

En entrevista, Sánchez Luna precisó que la mañana del jueves arribó la comitiva encabezada por Alejandro González Morón, coordinador de asesores de la SG, a la comunidad de Alcozacán, y planteó el desarme de 31 niños y adolescentes, con el compromiso de que el gobierno federal garantizará educación, alimentación y seguridad a los 16 pueblos nahuas que se rigen por el sistema comunitario de la CRAC-PF.

Las autoridades comunitarias respondieron al funcionario federal que se convocará a una asamblea regional para analizar la propuesta gubernamental y todo dependerá de la solución a los problemas en los pueblos de la región.

Detalló que se han resuelto algunas demandas, como la instalación de un retén en el crucero de Tula, en la carretera estatal que comunica el municipio de Chilapa con el de José Joaquín de Herrera; la entrega de despensas para las comunidades indígenas de ambas demarcaciones y la reanudación de clases en las escuelas de todos los niveles de esa zona.

Sin embargo, “no han desarmado al grupo criminal Los Ardillos, que sigue operando en el crucero de El Jagüey”, en la carretera antes mencionada.

En esta región de la Montaña baja de Guerreo Los Ardillos y Los Rojos se disputan la siembra y trasiego de amapola y mariguana.

El pasado 22 de enero la CRAC-PF presentó a 19 menores de edad como nuevos integrantes de esa organización con sede en el municipio de Chilapa de Álvarez. Sus edades van de siete a 16 años y son originarios de las comunidades de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, y de Xochitempa, en Chilapa.