Río De Janeiro. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, multiplica iniciativas para construir la Amazonia de sus sueños, que incluye un proyecto de ley que abre las tierras indígenas a la minería, pero los defensores del medio ambiente y de los pueblos originarios denuncian que se avecina una pesadilla.

Bolsonaro firmó el miércoles un polémico proyecto de ley que abre las tierras indígenas, muchas de ellas en la Amazonia, a las actividades mineras, agropecuarias y de generación eléctrica realizadas tanto por nativos como por terceros.

El proyecto, que debe ser aprobado por el Congreso, fue calificado de un sueño por el mandatario neofascista, pero es visto por líderes indígenas como parte de un proyecto genocida.

Otras medidas, como la designación de un misionero evangélico para ocuparse de asuntos relacionados con los indígenas aislados, muestran la voluntad de avanzar rápidamente con una agenda que mezcla los intereses de sectores del agronegocio con los de grupos ultraconservadores.

La designación del antropólogo y misionero evangélico Ricardo Lopes Dias al frente de la Coordinación de Indígenas Aislados de la Funai (organismo oficial a cargo de cuestiones indígenas) fue comparada por la organización Survival Internacional a meter a un zorro en un gallinero.

Se denomina indígenas aislados a aquellos que no tienen contacto permanente con otros grupos humanos y la Funai buscó tradicionalmente respetar ese aislamiento cada vez más amenazado por las actividades madereras y agropecuarias.

Lopes Dias fue miembro de la Misión Nuevas Tribus de Brasil (MNTB) de 1997 a 2007, entidad de origen estadunidense que promueve la evangelización de los pueblos originarios.

Nuestras familias sufrieron históricamente con misioneros proselitistas, muchos de ellos de la MNTB, que forzaron el contacto con nuestros abuelos y abuelas mediante mentiras, violencia y amenazas de muerte, reaccionó la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña.

En Río de Janeiro continúan los problemas con el suministro de agua. Hace un mes estaba maloliente y color marrón. La empresa gestora, Cedae, aseguró que las alteraciones se debían a la presencia de geosmina, sustancia química generada por las algas.

La entidad usó carbón activado para limpiar la geosmina y aseguró a los 12 millones de habitantes del área metropolitana de Río que el agua era potable.

Pero el lunes se suspendió el suministro durante 14 horas, al aparecer detergente en el agua, sin que se haya podido determinar su origen. La planta abastece de agua a 9 millones de personas.

La crisis del agua en Río es el más reciente problema ambiental de Brasil, país que posee la mayor reserva de agua dulce del mundo y 60 por ciento de la selva amazónica.

Algunos ambientalistas acusan a Bolsonaro de alentar la deforestación con sus políticas ambientales.

En otro orden, el juez Ricardo Leite desestimó los cargos presentados por la Fiscalía contra el periodista Glenn Greenwald, cofundador de The Intercept, por haber incurrido en un presunto delito cibernético y haber incitado a hackers a intervenir teléfonos y filtrar información de altos cargos y autoridades del país.

The Intercept publicó en 2019 una serie de conversaciones que el ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, habría tenido con fiscales e investigadores cuando era juez del caso Lava Jato a través de plataformas de mensajería instantánea.

Estos contactos entre los actores de un caso en curso podrían suponer una violación del Código de la Magistratura y sembraban la duda sobre una posible cooperación entre el juez y la Fiscalía para encarcelar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.