Rosario Robles Berlanga perdió el amparo con el cual buscaba invalidar el auto que la vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

El juez Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, titular del juzgado décimo de distrito de amparo en materia penal, con sede en la Ciudad de México, sobreseyó –declaró sin materia– parte de los agravios denunciados por la ex funcionaria, mientras negó de plano la protección de la justicia federal en los restantes, con lo cual todo el juicio quedó cerrado, sin ningún efecto a favor de la quejosa.

En la audiencia de revisión de las medidas cautelares dictadas a la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, efectuada el miércoles pasado, el fiscal Manuel Granados mencionó este amparo como el único obstáculo legal que restaba para continuar con el juicio contra la imputada.

En dicha audiencia, el representante de la Fiscalía General de la República (FGR) también dio a conocer que una de las empresas ligadas al esquema de contratos fraudulentos otorgados por la ex funcionaria fungió como aval para que pudiera rentar el departamento que habitó en Reforma 222 de la capital del país.

El fiscal Granados presentó los contratos de arrendamiento donde se menciona que la empresa Escene aparece como garante del alquiler, que ascendía a 37 mil pesos mensuales.

La intermediaria para este acuerdo fue Susana Islas González, esposa de Mauricio Berlanga Quintero, primo hermano de Robles.

Según los documentos presentados por la FGR, la dirección fiscal de dicha empresa está ubicada en la calle Puerta Antigua, colonia Rincón de San Ángel, en Torreón, Coahuila, que es la misma dirección que declaran otras empresas ligadas a esta operación fraudulenta.

Durante dicha audiencia, los abogados defensores informaron que Robles tiene tres ofrecimientos de trabajo, esto para intentar argumentar que contaba con razones para no evadirse de la acción de la justicia. Dichas ofertas son para ocupar un puesto de asesora, otro como consultora y por último la petición de la editorial Grijalbo para que escriba un libro.

Sin embargo, este dato fue considerado insuficiente por el juez, por lo que ordenó que a ex funcionaria permanezca en prisión.