l día 18, en el Senado de la República, se llevará a cabo la sesión de parlamento abierto en materia de subcontratación ( outsourcing o terciarización, legalizado por Felipe Calderón en 2012, como su último regalo al sector empresarial), y antes de cualquier intercambio de ideas o propuestas la parte patronal ya exige que nadie se tome la molestia de hacer mayores cambios en la materia, porque el de por sí precarizado mercado laboral del país estaría en riesgo de corregirse.

De tiempo atrás se da la práctica del outsourcing –en demérito del fisco, trabajadores e instituciones de seguridad social–, pero a partir del citado regalo calderonista ha penetrado como la humedad en el mercado laboral, tanto que desde entonces se ha duplicado, sobre todo en el aspecto ilegal.

Desde diciembre pasado las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron, por unanimidad, el dictamen de la iniciativa para reformar las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social en materia de subcontratación, pero el cabildero y mano amiga (de los patrones), Ricardo Monreal, logró congelar el procedimiento, so pretexto de realizar una sesión de parlamento abierto en la que participaran todos los involucrados, algo que, por lo demás, se hizo desde julio de 2019.

Tal iniciativa fue presentada por el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, y en esencia propone: “restituir los derechos laborales de los trabajadores, sobre todo en materia de reparto de utilidades y otros que les han sido negados a lo largo de los años; obligar a las empresas subcontratistas a que regresen a contribuir lo que verdaderamente deberían haber estado cubriendo desde hace mucho tiempo al IMSS, al Infonavit, a los sistemas de pensiones y a otras más; supervisar, controlar y vigilar las operaciones del outsourcing ilegal que prevalece en el país, muy asociado a los factureros, a los que emiten recibos falsos, que cometen fraude, que evaden al fisco y que son delitos”.

Además, impedir abusos fiscales y laborales en detrimento de los trabajadores y de las finanzas públicas; combatir la ausen-cia de inspección laboral en la materia; evitar el uso de artificios legales para reducir salarios y prestaciones; no precarizar el empleo, erradicar elusión y evasión fiscal o de seguridad social; erradicar la afectación en materia de previsión social; la imposibilidad de que un trabajador tenga jubilación digna (dada su permanente entrada y salida al mercado de trabajo por el outsourcing); la negativa al reparto de utilidades; las empresas virtuales, sin activos; las relaciones simuladas de trabajo; las empresas fantasma y las que desaparecen a los pocos meses de haberse creado.

De acuerdo con Gómez Urrutia, “entre las pérdidas causadas por el outsourcing ilegal se cuenta la evasión fiscal por alrededor de 500 mil millones de pesos a nivel nacional, y cerca de 8 millones de trabajadores bajo este sistema de explotación que no deja de crecer. Sólo en el caso del IMSS se habla de más de 50 mil millones de pesos, que le harían muchísima falta a esa institución para sus programas nacionales de salud”.

Eso es, precisamente, lo que la Coparmex exige que no se modifique, es decir, que se mantenga la precarización laboral para que las ganancias crezcan y el costo social se facture a los jodidos, y siga incólume la evasión fiscal. O dicho poéticamente, como asegura el Consejo Coordinador Empresarial: de concretarse esta reforma, los daños para la economía del país serían devastadores, se pondrían en riesgo miles de puestos de trabajo y se convalidaría una reforma con visos de inconstitucionalidad (léase: ni con el pétalo de una rosa osen tocarnos).

Las rebanadas del pastel

Pero bueno, el próximo miércoles participarán representantes de gobierno, patrones y trabajadores. Se sabrá quién es quién, comenzando por los infiltrados en la Secretaría del Trabajo y en Morena. Por cierto, podrían convocar a Lorenzo Córdova para que a la hija de papá y a Monreal todo le salga a modo.

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