San Salvador. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador exigió ayer al presidente Nayib Bukele no hacer uso de las fuerzas armadas más allá de lo establecido en la Constitución, después de que el mandatario irrumpió el domingo en el Congreso acompañado de militares para exigir a los legisladores la aprobación de un crédito.

La Sala de lo Constitucional ordenó al presidente abstenerse de hacer uso de la fuerza armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema pluralista y de manera particular la separación de poderes.

Bukele, aficionado a las redes sociales, replicó en Twitter: el sistema se autoprotege. Y así, es como las cosas siguieron igual...

El máximo tribunal dejó sin efecto la convocatoria girada por el consejo de ministros con el propósito de celebrar una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa.

La resolución de la CSJ llega tras aceptar un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por dos ciudadanos contra las pretensiones de Bukele y sus ministros que invocando un artículo de la Constitución convocaron al Congreso a reunirse el domingo para aprobar un crédito para la estrategia de seguridad.

Mientras estudia la demanda de inconstitucionalidad, la CSJ ordenó también al ministro de la Defensa, René Merino, y al director de la Policía, Mauricio Arriaza, no realizar actividades distintas a las que constitucional y legalmente están obligadas.

El choque de trenes se generó por la negativa de los legisladores a aprobar un préstamo por 109 millones de dólares, exigido por Bukele, quien llegó al cargo el primero de junio y quiere imponer un Plan de Control Territorial a desarrollar en tres fases con un costo de más de 575 millones de dólares.

El gobierno se disponía a iniciar la tercera fase, destinada a modernizar a las fuerzas armadas y la policía, para lo cual necesitaba que el Congreso diera luz verde al préstamo de 109 millones de dólares preconcedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Los diputados se negaron en una votación celebrada el jueves pasado. Tras ello, Bukele convocó para el domingo a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa al invocar un artículo constitucional ideado para cuando los intereses de la república lo ameriten. El Congreso, dominado por la oposición, consideró que la urgencia no era tal, por lo que la mayoría de los legisladores anunció que no acudiría.

Policías y militares fueron a buscar antier a sus casas a los diputados, pero muchos rehusaron ir a la Asamblea Legislativa.

Soldados y policías antimotines irrumpieron antier en la sede del Congreso. Luego rodearon el Salón Azul, que sirve de sala de debates para los 84 diputados. La sesión se celebró con apenas una veintena de legisladores y la presencia de las fuerzas de seguridad fuertemente armadas dentro y fuera del Congreso.

Fuera del recinto legislativo también hubo fuerte presencia militar.

Bukele ingresó al recinto custodiado por el estado mayor presidencial y permaneció ahí por unos minutos para orar y luego se retiró del lugar. Informó a la multitud que Dios le pidió tener paciencia, por lo que decidió lanzar un ultimátum a los diputados, a quienes dio una semana para aprobar el crédito.

Los diputados están ofendidos (por lo ocurrido el domingo). Así que castigarán al pueblo no aprobando los fondos que prometieron aprobar. De nuevo mintieron. No es de extrañarse. Lo hacen siempre, tuiteó ayer Bukele.

No podemos reaccionar al Ejecutivo con una pistola en la sien, sostuvo Mario Ponce, presidente de Congreso, tras llamar al diálogo con el gobierno, y calificar de intento de golpe de Estado el ingreso al hemiciclo de militares armados y Bukele.

Como presidente del órgano legislativo y en representación de los 84 diputados y diputadas, protestamos enérgicamente por esa actitud; no es posible que a 28 años de los acuerdos de paz tengamos a nuestras fuerzas armadas invadiendo el órgano legislativo, remarcó Ponce.

La Asamblea Legislativa aprobó un pronunciamiento en el cual condenó la toma de las instalaciones por los militares. Los sucesos de domingo culminaron con una violación a la independencia del órgano legislativo, afectando el sistema democrático y el funcionamiento de los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder, añadió.

Rechazó los constantes insultos y amenazas, así como su persecución; además, pidió a los congresos del todo el mundo su solidaridad en defensa de la democracia y el estado de derecho y recomendó a Bukele desistir de sus amenazas y del uso de las fuerzas para disolver el Parlamento.

En otro extremo, el partido ultraderechista y opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que tiene mayoría en el Congreso, exigió al presidente desmontar de inmediato el proceso de autogolpe, el ultimátum a la Asamblea Legislativa y la persecución a los diputados electos democráticamente y a sus familias, informó el legislador Carlos Reyes.

Lo que sucedió el domingo no fue una militarización. Si hubiera sido así, todavía estarían ahí los militares, no se hubieran replegado cuando el presidente se fue, indicó el ministro de Gobernación, Mario Durán.

La polémica irrupción del mandatario al edificio fue rechazada por la sociedad civil, organismos internacionales como Amnistía Internacional y el cuerpo diplomático, que llamó a resolver las discusiones mediante el diálogo y el respeto de la independencia de poderes.

No apruebo la presencia de la fuerza armada en la Asamblea Legislativa y me sentí aliviado cuando vi que la situación terminó sin violencia. Ahora reconozco los llamados a la paciencia y la prudencia, tuiteó el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson.

Bukele, quien se define como “el presidente más guapo y cool del mundo”, ha mostrado una imagen internacional de político fresco y renovador, aunque dentro de la nación crecen las denuncias por presunta falta de transparencia, restricciones a la libertad de prensa y nepotismo.

En el pasado, el mandatario, de 38 años, ha sido un duro crítico de los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro; de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, a quienes ha acusado de antidemocráticos.