El Congreso capitalino prevé repetir los procesos de designación para integrar el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México en un plazo de sólo dos meses, a partir de que se publique de nuevo la ley en la materia –invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, e incorporará la convocatoria para nombrar a la persona titular de la Contraloría de la Fiscalía General de Justicia que ésta en funciones.

En el caso de la contraloría interna del Tribunal Electoral local (TECDMX), luego de que consiguió anular la designación que hizo el Congreso, no se delegará en su presidente –el magistrado Gustavo Anzaldo Hernández– la facultad para presentar al pleno del mismo organismo la propuesta del titular, sino que será el Comité de Participación Ciudadana del sistema (CPC), una vez que se integre e inicie sus funciones, el que presentará al colegiado una terna.

El presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, Carlos Alonso Castillo Pérez, explicó que si bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le concedió la razón al TECDMX en que el Legislativo vulneró su autonomía al designar a su contralor, no señaló en su sentencia a quién corresponde nombrarlo.

La Constitución capitalina señala que los contralores de los organismos autónomos estarán adscritos al Sistema Anticorrupción y la ley en la materia definirá sus facultades y mecanismos de integración.

Adelantó que en el borrador del proyecto de dictamen, que se votará en la comisión el próximo martes, se homologará el procedimiento para designar al contralor del tribunal con el del Congreso, a partir de una terna que presente a sus respectivos plenos el CPC, cuyos cinco integrantes son a su vez nombrados por otra instancia ciudadana: la Comisión de Selección del CPC. Esta última es integrada por nueve personas designadas por el Congreso.

Castillo detalló que en la ley se fijará al Congreso un plazo de 30 días para integrar la comisión, que a su vez tendrá también 30 días de plazo para integrar el CPC.

Agregó que una vez publicada la ley, adicional a los contralores de los institutos Electoral y de Transparencia, así como de la Comisión de Derechos Humanos, convocará también para designar al contralor de la Fiscalía General de Justicia.