a secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó ayer que tanto el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, como el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aceptaron la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para incorporarse a los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.

La encargada de la política interior también informó que la Comisión ampliada se reunirá cada mes con los padres de los estudiantes desaparecidos, además de sostener reuniones internas quincenales en Bucareli, con el fin de revisar los avances en el caso.

Según Sánchez Cordero, existen ya adelantos importantes en las indagatorias y se ha mantenido la coordinación con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que participó en las pesquisas a demanda de los familiares y la sociedad, por lo que hay un optimismo oficial acerca de que en breve tiempo se aclarará el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos luego de los hechos de violencia ocurridos en el municipio Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.

Sin duda es un hecho saludable que un poder soberano –el Judicial–, y un órgano autónomo del Poder Ejecutivo –la Fiscalía–, se sumen de manera plena a los esfuerzos de la Comisión de la Verdad, integrada en su origen por representantes de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Hacienda, así como por delegaciones de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, y de las organizaciones civiles que los acompañan.

Con esta ampliación se da una confluencia de factores que estuvieron ausentes durante más de cuatro años, el más importante de los cuales acaso sea la voluntad política de la Presidencia para esclarecer el horror iniciado hace más de un lustro con la desaparición de los jóvenes.

Dada esta conjunción inmejorable, cabe demandar a las autoridades que los familiares de las víctimas y el conjunto de la sociedad mexicana puedan conocer con exactitud, y sin dilaciones innecesarias, qué pasó entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 y dónde están los 43 estudiantes desaparecidos.

Es evidente que el esclarecimiento debe ir acompañado de la reparación del daño y de la garantía de no repetición, pues sin ellas no podrá hablarse de una aplicación cabal de la justicia en el episodio de violación a los derechos humanos más emblemático de este siglo en México.

Por último, es imprescindible que la investigación se extienda a todos los involucrados en el crimen, y se confirmen o descarten las sospechas de encubrimiento desde las más altas esferas del poder público que enturbiaron el caso en el sexenio anterior.

Para lo anterior deberá emprenderse una revisión exhaustiva de las deficiencias y los aspectos llanamente deplorables de la pesquisa realizada por la extinta Procuraduría General de la República, cuya culminación fue la impresentable verdad histórica, sostenida hasta el final por la administración federal pasada.