Con la firma de los gobernadores de Michoacán, Durango y estado de México de los acuerdos de adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), ya son 24 las entidades que forman parte del nuevo esquema de salud. El organismo informó de las reuniones que ayer sostuvo el secretario Jorge Alcocer con cada uno de estos mandatarios con el fin de formalizar los convenios.

Prácticamente ha finalizado el proceso para la adhesión de las entidades y se ratifica, hasta ahora, que los estados panistas de Aguascalientes, Guanajuato, Baja California Sur, Chihuahua y Tamaulipas conservarán la responsabilidad de la prestación de los servicios médicos.

Como se informó el 4 de febrero en la conferencia matutina en Palacio Nacional, también decidieron no sumarse al Insabi los gobiernos independientes de Nuevo León y Jalisco. De la información difundida ayer, llama la atención que Campeche tampoco firmó el acuerdo, sin que se explicaran las causas.

El mismo martes 4, la entidad gobernada por el priísta Carlos Miguel Aysa González ya estaba en la lista de los estados que habían decidido formar parte del nuevo esquema de salud, de acuerdo con información proporcionada en el informe El Pulso de la Salud, a cargo del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En cambio, de los gobiernos surgidos del PAN, que participaron en una negociación con funcionarios de la Secretaría de Salud y el titular del Insabi la última semana de enero, con la idea de lograr un convenio que, según dijeron, garantizara la calidad de los servicios y la gratuidad, al final –en contra de lo que resolvió la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional– decidieron firmar el acuerdo y aceptar las condiciones de la administración federal los titulares de Durango, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán.

También en esta última semana se sumaron Coahuila (PRI) y Michoacán (PRD).

Los 24 estados que se adhirieron al Insabi aceptaron que el gobierno federal, por conducto del instituto, asuma la responsabilidad de la administración y prestación de los servicios, los cuales, de manera progresiva, serán gratuitos para las personas sin acceso a la seguridad social.