La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un paquete de 61 acciones de inconstitucionalidad en contra de los decretos que autorizaron las leyes de ingresos de los municipios del estado de Chihuahua que, denuncia, violarían las libertades de reunión, expresión, los derechos de propiedad, identidad y no discriminación.

En un hecho inédito, la CJEF promovió 60 acciones, una por cada ley de ingresos municipal. A estas demandas se unió la CNDH, aunque esta última impugnó todas las normas mediante una sola acción.

La mayoría de las acciones promovidas por la CJEF coinciden en impugnar la creación de una tasa adicional de 4 por ciento a los impuestos predial y sobre traslación de dominio de bienes inmuebles.

De igual manera se impugna la adición del llamado impuesto universitario, que se cobrará mediante una sobretasa a predial y de traslación.

La CNDH también denunció como inconstitucionales otras normas contenidas en las leyes de ingresos municipales de cuatro ayuntamientos, que imponen una multa a quienes duerman en lugares públicos, por el concepto de falta o infracciones contra las buenas costumbres y la integridad moral del individuo y de la familia.

Esta norma, acusa, viola los derechos de igualdad y no discriminación, consagrados en la Constitución federal y en convenciones internacionales.

También se impugnan las multas que se pretenden cobrar en 22 municipios de Chihuahua por causar escándalo, formar parte de grupos que estén causando molestia y alterar la tranquilidad en lugares públicos, normas que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advierte que vulneran las libertades de expresión, reunión y libre desarrollo de la personalidad.

La CJEF y la CNDH también impugnan el cobro de la primera acta de nacimiento, en el municipio de Zaragoza, tema en el cual la SCJN ya ha advertido que va en contra del derecho a la identidad.

Por versar sobre el mismo tema, estas 61 acciones de inconstitucionalidad fueron acumuladas y serán estudiadas por un solo ministro, quien propondrá un proyecto de resolución al pleno de la Suprema Corte en los próximos meses.