oco a poco, no sin resistencias, dudas o francos encubrimientos, México se mueve en el sentido correcto en el castigo a la pederastia, uno de los delitos más denostados en cualquier sociedad, y en las posibilidades del resarcimiento real del daño a quien haya sido víctima de un abuso sexual. Es un daño que no caduca.

Hace unos días, los diputados mexicanos aprobaron por unanimidad hacer imprescriptible, es decir, que no tenga caducidad, el ejercicio de la acción penal contra quien cometa el delito de pederastia, para que las víctimas denuncien en el momento que puedan o lo decidan, y bajo cualquier circunstancia.

Los legisladores de la Cámara Baja decidieron también reformar la ley para destituir e inhabilitar a aquel funcionario público que encubra a un pederasta. La minuta se encuentra ya en análisis en las comisiones del Senado de la República, la cual se espera que sea llevada al pleno, para su discusión y eventual aprobación, durante los próximos días.

Hasta ahora, en nuestro país, la imprescriptibilidad de la pena sólo se aplica a los delitos de pornografía infantil, corrupción de menores y lenocinio cometido contra niños y adolescentes.

Ya en estas mismas páginas me he referido anteriormente a lo complejo que ha resultado siempre la denuncia de los casos de pederastia, pero más intrincados todavía han sido el juicio y el castigo a los responsables. Particularmente me refiero a aquellos casos de abuso a menores de edad cometidos por los curas protegidos por el cristianismo romano y, en México, por la congregación de los Legionarios de Cristo.

En México hay varios casos conocidos de pederastia por parte de sacerdotes, pero se estima que los abusos desconocidos, los no públicos, alcanzan una cifra escandalosa.

Un informe publicado recientemente por los Legionarios de Cristo reconoce que, durante la segunda mitad del siglo pasado y lo que ha transcurrido del actual, hubo 175 casos de menores de edad que resultaron víctimas de abusos cometidos por 33 sacerdotes. Del total de ellos, al menos 60 correspondieron al líder de la congregación, Marcial Maciel.

Destaca el caso de ocho infantes, hoy octogenarios, que fueron abusados por Maciel en los años cincuenta del siglo anterior, quienes se han cansado de tocar puertas y se dicen hartos de ser ignorados por la Iglesia y por la justicia mexicana. Actúan en contubernio, acusan.

Otra de las víctimas que se han atrevido a alzar la voz –y cuyo testimonio ha sido fundamental para impulsar los avances que hoy se debaten en el ámbito legislativo– es Ana Lucía (Analú). Ella es víctima de una violación ocurrida hace casi tres décadas por un sacerdote en retiro, que ahora es resguardado tras los muros de los Legionarios de Cristo, en Roma. Es hora de que Fernando Martínez pise una cárcel mexicana, ha señalado Analú.

Aprovechar una posición de poder para abusar de una persona es, sin duda, un hecho reprobable, máxime cuando se trata de un delito. Es aún peor si la víctima es un menor de edad. Pero lo que resulta verdaderamente grave es cuando el victimario se escuda en la investidura sacerdotal y agrede con premeditación al amparo de la religión y de la fe.

El Vaticano ha jugado un papel vergonzoso y reprobable en el silenciamiento de las voces que se alzan reclamando justicia y, aunque ha dado algunos pasos tibios e insuficientes en la transparencia de esos hechos, existen corrientes en su interior que aún se inclinan por la opacidad y la impunidad.

En estos días, justo en el contexto del debate sobre la no prescripción de la pederastia han surgido otras iniciativas que podrían ayudar a develar más realidades sobre los abusos de sacerdotes del pasado a menores de edad. Algunos senadores de Morena, por ejemplo, están proponiendo la creación de una comisión investigadora independiente para casos de pederastia clerical en México.

La propuesta parece interesante, ya que en la necesidad de reconocer un pasado perverso, un pasado delictuoso, se finca la posibilidad real de reparar el daño de manera integral en los tribunales, totalmente fuera del alcance de los instrumentos del propio clero.

El problema no debe ser visto como una ofensiva contra la Iglesia católica ni contra ninguna asociación religiosa en particular. No se trata de eso. Más bien me parece que son esfuerzos para que, preservando los principios de un Estado laico como el mexicano, se ponga un alto total al abuso y se dé paso a un proceso legal en favor de la reparación de los daños.

Que el delito no caduque, que se mantenga abierta de manera permanente la posibilidad de ejercer la acción penal contra un depredador es, por decirlo así, un acto de justicia para la víctima. Porque el daño, lo creo, no caduca nunca.