Para que el rescate de la zona industrial Vallejo sea viable se requiere de la aplicación de instrumentos de gestión del suelo como la contribución de mejoras e impuesto al incremento del valor del suelo, entre otras fuentes de financiamiento, señala el estudio factibilidad del proyecto Vallejo realizado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.

Si bien, establece el documento, existen las condiciones legales para la aplicación de dichas herramientas, advierte que su principal amenaza está en el entorno político y el ámbito de la comunicación social, toda vez que el mal manejo de esos factores han impedido proyectos como incluir en la Constitución local la captura de plusvalía y la consolidación de las zonas de desarrollo económico y social en el anterior gobierno.

Por ello, propone que los actores involucrados en el plan: gobierno e iniciativa privada, generen acuerdos sobre cómo será el financiamiento y distribución de beneficios antes de hacer público el proyecto, en los que se deberá incluir a la sociedad civil, pues advierte que dejar fuera a la ciudadanía en la toma de decisiones podría poner en riesgo la trasformación de la zona.

El estudio que forma parte de la ruta para la elaboración del plan maestro de Vallejo, elaborado con la colaboración del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), establece que la transformación de la zona en un polo de innovación tecnológica, que impulsa el gobierno local, es factible.

En cuanto a la factibilidad financiera del proyecto, propone echar mano de instrumentos de gestión del suelo para financiar de manera parcial las necesidades de mejoramiento urbano de la zona, a través de una fracción de la plusvalía generada, como la contribución de mejoras, contemplada en el Código Financiero local, utilizada en proyectos como el mejoramiento del corredor Masaryk, en Polanco.

Asimismo, se pronuncia por la aplicación de impuestos al incremento del valor de suelo basado en previsiones del sector público y privado; así como del predial creciente en el tiempo a los lotes baldíos, naves industriales, bodegas o construcciones abandonadas.