Seattle. Un memorándum de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos obtenido por The Associated Press confirmó que Greyhound y otras empresas de autobuses no están obligadas a permitir que sus agentes suban a los vehículos para revisiones de rutina en busca de migrantes sin autorización, al contrario de lo dicho insistentemente por la empresa, de que no tiene más remedio que permitirlo.

Greyhound, la mayor empresa de autobuses de Estados Unidos, ha dicho que no le gusta que los agentes suban a bordo para hacer las inspecciones, pero ha alegado que la ley federal lo exige y que se veía forzada a hacerlo.

Cuando se le proporcionó una copia del memorándum obtenido por la AP, la compañía declinó decir si cambiaría esa práctica.

Greyhound ha sido presionada por la Unión Americana de Libertades Civiles, defensores de derechos de los migrantes y el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, para que dejen de permitir las revisiones en sus autobuses a 160 kilómetros de la frontera internacional o de la costa.

Afirman que la práctica es intimidatoria y discriminatoria y que se ha vuelto más común en la presidencia de Donald Trump. Los arrestos realizados por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) grabados en video por otros pasajeros han generado críticas.

Greyhound enfrenta una demanda en California que alega que presuntamente violó las leyes de protección al consumidor al facilitar las redadas.

Algunas otras compañías de autobuses –entre ellas Jefferson Lines, que opera en 14 estados y MTRWestern, que opera en la costa noroeste– han aclarado que no consienten que los agentes aborden las unidades.

El documento tiene fecha del 28 de febrero y está dirigido a todos los jefes de agentes y firmado por la entonces titular de la Patrulla Fronteriza, Carla Provost, justo antes de retirarse.

Confirma la postura legal que han tomado los críticos de Greyhound: la Cuarta Enmienda de la Constitución prohíbe que agentes aborden autobuses e interroguen a pasajeros sin una orden de arresto o consentimiento de la empresa.