a elección de 2006 se empezó a complicar desde 2003 por un error político del PAN y el PRI al excluir al PRD de la designación de consejeros electorales.

Elba Esther Gordillo, entonces coordinadora de los diputados priístas, operó, con los liderazgos panistas, para dejar fuera a la izquierda de la conformación del consejo del Instituto Federal Electoral (IFE) y las consecuencias, como onda expansiva, se percibieron tres años después. Por eso es muy importante que en la designación que hará la Cámara de Diputados de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en las próximas semanas, se busquen perfiles y metodologías que eviten problemas adicionales a los que de suyo entraña la disputa democrática por el poder.

En diciembre de 2003 ya era una insensatez no acordar con los perredistas sobre la conformación de una autoridad administrativa encargada de organizar una contienda en la que su más visible aspirante podría resultar vencedor.

Andrés Manuel López Obrador, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, tenía los atributos y la fuerza para disputar el cargo de Presidente de la República.

El sentido común no suele imponerse, y PAN, PRI y PVEM festejaron un triunfo que resultó pírrico, con la designación de los consejeros de 2003 a 2008, que estuvo a punto de propiciar un desastre y concluyó, sólo en parte, con la destitución de los consejeros en 2007, con lo que de paso se rompió el principio de inamovilidad que requieren los cargos que tienen funciones constitucionales de control como es el caso. Lo más extraño es que la disposición al acuerdo no habría significado una integración muy distinta a la propuesta, aunque sí tendría el respaldo de todos. La política, no hay que olvidar, se define en los detalles.

Los consejeros, de ese entonces, ajenos al despropósito de sus nombramientos, fueron los paganos de una de las crisis políticas más graves de la historia reciente.

Para el PRD significó tener argumentos contra la autoridad electoral y sumarse a los alegatos de fraude y de no reconocimiento de los resultados, con más enojo que pruebas, pero en una ruptura de la confianza que aún se padece.

En efecto, se requiere que el árbitro sea aceptado y respetado por todos los jugadores y de modo particular por los que son capaces de definir el sentido de una contienda. Esto sólo ocurre cuando los involucrados participan y se comprometen.

Sería terrible el repetir la historia de 2003, porque además tendría el agravante de que ya sabemos lo que ocurrirá en los próximos meses y años –sobre todo en 2021 y 2024–, donde la solidez institucional se irá resquebrajando y ello terminará por padecerlo la propia sociedad y, con el tiempo, los partidos políticos, incluido el que ahora tiene el poder.

La conformación del consejo del INE tiene un alto grado de politización; de ello no hay que espantarnos, ya que esto responde al modelo establecido durante nuestra transición a la democracia, pero en el armado institucional se requiere de prudencia e incluso de generosidad que ayude a la ­gobernabilidad.

A todos conviene un INE que mantenga, e incluso fortalezca, la independencia, la imparcialidad y el profesionalismo. Después de todo, de la calidad de los nuevos consejeros y consejeras, sumados a los que continúan su periodo, depende que las jornadas electorales sean una oportunidad y no un problema.

Nadie ganará con una integración que se establezca bajo la lógica de la confrontación y menos aún el propio gobierno, que será el que más requiera de las decisiones y los buenos oficios de quienes integran todo el sistema electoral mexicano.

* Periodista. Coautor, con Jorge Carpizo, de Asesinato de un cardenal.