Las empresas que eluden el pago de obligaciones con esquemas ilegales de subcontratación han causado un quebranto de al menos 21 mil millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó el director de la institución, Zoé Robledo, quien las llamó a corregir o se aplicarán medidas en su contra.

No nos vamos a detener; van a quebrar estas empresas a partir de 2022, sostuvo en el foro convocado por la Cámara de Diputados para discutir una reforma en la materia.

Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó que esa instancia ha presentado 51 denuncias contra firmas fantasmas, operaciones simuladas y outsourcing ilegal; puso de ejemplo que se detectó cómo farmacéuticas que recibieron adjudicaciones directas por 98 mil millones de pesos reportaron pérdidas fiscales por 412 millones de pesos.

Corrupción política

Refirió que se han detectado empresas fachada con domicilio fiscal en colonias populares o lugares deshabitados, con transacciones por personas jóvenes o adultos mayores de más de 100 años, que reciben millones de transferencias: se trata de casos vinculados con corrupción política, dijo.

Robledo explicó que con esos 21 mil millones, el IMSS habría podido comprar 55 por ciento más de medicamentos, adquirir 4 mil 528 mastógrafos o bien construir 14 hospitales de segundo nivel o 210 unidades de medicina familiar.

Reprochó que el daño al erario contraste con los niveles de vida de los dueños de ese tipo de negocios, de ostentación, que están a unos ritmos de lujo que ningún jeque árabe puede permitirse. Eso nos duele y agravia a las instituciones; es gente que puede pagarse aviones, yates, helicópteros.

Durante el foro, representantes empresariales y de firmas de subcontratación defendieron ese modelo e incluso señalaron que no hace falta una reforma, sino aplicar la legislación vigente.

José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, consideró que modificar ese esquema de contratación, sin tener resultados, sería un poco en vano. Recomendó incluso constituir un padrón de empresas de tercerización que permitiría determinar quién opera de manera ilegal.

Gabriel Aparicio, presidente de Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, defendió que el outsourcing es fuente de negocios lícita, que no se debe criminalizar, porque generaría incertidumbre entre quienes contratan los servicios, provocando desaceleración.