La Secretaría de la Función Pública (SFP) realiza una investigación exhaustiva para saber si hubo alguna falta administrativa que colocara en situación de extrema vulnerabilidad a Fátima, la niña de siete años que fue asesinada en días recientes en la Ciudad de México, informó ayer la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval.

Al suscribir un convenio de colaboración con la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, la funcionaria explicó que la investigación está a cargo del Órgano Interno de Control de la autoridad educativa en la capital del país.

Daniel García Cortés, coordinador de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP, expuso que las pesquisas determinarán si algún servidor público incurrió en responsabilidad administrativa. Las sanciones que podrían enfrentar van de una amonestación a la inhabilitación, añadió.

En la sede de la SPF, Sandoval se pronunció por hacer del combate a la corrupción y la defensa de los derechos humanos elementos indisolublemente conectados... para acabar con el abuso de poder y la simulación que durante décadas permeó al gobierno y a las instituciones. Tales prácticas permitieron tragedias como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y el incendio de una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, resaltó.

Subrayó que la ciudadanía demanda transformar al gobierno, de uno frívolo, oneroso y alejado de la gente, a uno probo, austero y cercano a la población.

Piedra Ibarra expresó su confianza en que el convenio rinda resultados positivos en beneficio de la población. La CNDH está en toda la disposición de coadyuvar en lo necesario para fortalecer el respeto a los derechos humanos en México, aseguró.

El documento permitirá verificar la efectividad del protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual en la administración pública federal, que entró en vigor el 17 de febrero, y fortalecer los mecanismo de seguimiento a las recomendaciones de la CNDH.