n los albores del neoliberalismo a inicios de los años 70 −y con mayor profundidad en México desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari a finales de los 80−, las organizaciones de lo que se dio en llamar entonces crimen organizado comenzaron a abandonar la marginalidad y se instalaron en el corazón de nuestros sistemas políticos y económicos, ya no como una anomalía sino como un indicador de la evolución criminal del mundo moderno. Dada su naturaleza profundamente depredadora, y debido a su esencia parasitaria y encubierta, las nuevas organizaciones criminales se vieron obligadas a actuar con discreción; es decir, en las sombras, ya que su actividad es punible conforme al Estado de derecho formal.

La así llamada liberalización que convierte todo en mercancía, resumida en el trinomio privatizaciones-unificaciones territoriales-desregulación de los mercados (insurgencia plutocrática la llamó Robert J. Bunker), benefició aún más a los grupos de la economía criminal, que encontraron nuevas oportunidades de expansión e ingresos. Y debido a que entre sus objetivos principales figura la acumulación de poder y de lucro, la globalización comercial y financiera les permitió invertir de forma masiva en la economía legal y multiplicar sociedades de fachada (tapaderas legales con métodos empresariales clásicos), con el fin de encubrir fraudes, cohechos, tráfico de influencias, vaciamientos de empresas, quiebras fraudulentas, malversaciones, peculados y diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita (como el lavado de dinero procedente de la corrupción y la defraudación fiscal) o derivadas de asociaciones delictuosas, a través de sofisticados esquemas financieros.

El salinismo fue el cuerno de la abundancia de funcionarios gubernamentales y empresarios criminales que tomaron el país como botín. En su seno surgieron nuevos funcionarios políticos, empresarios y banqueros schumpeterianos de tipo mafioso: innovadores, oportunistas, pragmáticos, agresivos, con una nueva racionalidad económica; regidos por una destrucción creadora al servicio de la máxima rentabilidad y la eficacia de la gestión capitalista, por lo que desde las alturas del poder sexenal se relacionaron con múltiples socios especializados del ámbito de la economía legal: financieros, juristas, fiscales y publicistas, indispensables para realizar el proceso de blanqueo, consistente en acumulación, colocación e integración de capitales.

Ese contacto prolongado produjo cierta contaminación y dio lugar a un nuevo tipo de actor económico: el funcionario y/o empresario legal y criminal, un modelo intermedio entre el mafioso y el hombre de negocios tradicional, al que el experto Jean-Francois Gayraud define como empresario gris o socio silencioso pero activo de los grupos de la economía criminal. El número de esos híbridos político-económico-financieros −que en Italia definen como en olor de mafia− y que operan como intermediarios, puentes y tapaderas de recursos de la economía legal (blanca) y la economía criminal (negra), creció durante los sexenios siguientes y se multiplicó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, incluyendo la captación de recursos y contratos públicos; la creación de valor vía la corrupción, el soborno o la extorsión, y la inversión masiva de los beneficios del crimen en actividades tanto legales como ilegales.

Es en ese contexto que hay que ubicar la detención en España de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, a quien el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, acusó de ser parte de una presunta estructura criminal que tenía como objetivo central el saqueo sistemático de bienes públicos. Con un agravante: según Javier Coello Trejo, abogado del acusado, él no se mandaba solo; lo que induce a pensar que Lozoya era parte de un sistema de corrupción estructural en cuya cúspide no podía estar sino el presidente de la República Peña Nieto.

Señalado en documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, de ser el eslabón principal de una compleja fórmula para maquillar, triangular y desviar transacciones financieras millonarias realizadas por la constructora brasileña Odebrecht, Altos Hornos de México (cuyo dueño Alonso Ancira también está preso en España) y la firma hispana OHL, Lozoya, en proceso de extradición, ha sido acusado por Gertz Manero de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Nieto de un ex gobernador de Chihuahua e hijo de Emilio Lozoya Thalmann, ex director del Issste y secretario de Energía de Carlos Salinas, los hilos de la telaraña de la que forma parte Lozoya Austin, ex director del Foro Económico Mundial de Davos para América Latina, podría involucrar a otros ex integrantes del círculo peñanietista, como Luis Videgaray, Gerardo Ruiz Esparza y Pedro Joaquín Coldwell; empresarios gasolineros, como los hermanos Karam, dueños del grupo Hidrosina; al poderoso ex dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, y hasta políticos y empresarios españoles, como el magnate Juan Miguel Villar Mir, máximo accionista de la constructora y gasera OHL, privilegiada durante el sexenio anterior; Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia, y Mar Sánchez Sierra, sus protectores en la Costa del Sol andaluza, sin descartar a ex directivos de la segunda petrolera rusa, Lukoil.