En la elección presidencial de 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) sobrestimó los recursos que necesitaba para cumplir con algunos de los proyectos relacionados con el proceso, una práctica que desde 2009 ha incrementado 8.8 por ciento en promedio trianual el costo del voto, al pasar de 240.6 a 309.8 pesos; esto podría encarecerlo 66.7 por ciento en las intermedias del próximo año y 44 por ciento en las de 2024.

También, en la investigación que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los recursos otorgados a los partidos políticos para precampañas y campañas, así como sus reportes de gastos, concluyó que las multas que les impuso el INE no han reducido las irregularidades que cometen en el manejo del financiamiento que reciben.

En su reporte de la cuenta pública correspondiente a 2018, la auditoría consideró que si bien el INE cumplió con la promoción del voto, la organización del proceso electoral presidencial de ese año y validó la elección, incurrió en deficiencias programático-presupuestales, que deben corregirse.

Refirió que de 131 proyectos específicos aplicados por el INE, 82.5 por ciento no contó con indicadores adecuados para dar seguimiento a los recursos ejercidos; en 24 por ciento incumplió o cumplió parcialmente sus objetivos previstos y calculó que de los 36 proyectos específicos que sí lograron su meta, 64.9 por ciento sobrestimó los recursos que necesitó para ello.

Esta situación ha ocasionado que, de los procesos electorales de 2009 a 2018, el costo del voto se haya incrementado y podría aumentar en 2021 y 2024, por lo que se requiere mejorar los métodos del instituto para programar sus gastos y garantizar que las elecciones se realicen con criterios de austeridad, transparencia y rendición de cuentas.

Refirió que aun cuando los partidos obtuvieron financiamiento privado por 899.1 millones en ese año, la mayor parte de éstos provinieron de créditos por 614 millones de pesos, y la ASF indicó que un partido contrajo una deuda 125.5 millones superior al límite que podía contratar, lo que obligó a ofrecer 14 bienes inmuebles en garantía.

Esta práctica podría significar un riesgo para la operación de los partidos políticos en ejercicios posteriores; además de que el instituto tiene conocimiento de dichas acciones de manera posterior a la contratación de los créditos.

Detalló también que los partidos no registraron ingresos por 185.2 millones de pesos y hubo egresos no reportados por 150 millones.