Pese a su discurso de transparencia, el Archivo General de la Nación (AGN) sigue poniéndole trabas a la consulta de los acervos relacionados con la llamada guerra sucia, lo cual forma parte de una política de simulación avalada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Así lo afirmaron los investigadores y activistas participantes en el foro Archivos, memoria y violencia de Estado en México, quienes señalaron que la consulta de los mencionados expedientes debe formar parte de una política institucional de verdad y justicia para evitar la repetición de violaciones graves de derechos humanos.

José Luis Moreno Barbosa, miembro de la organización Sobrevivientes de la Guerra Sucia, señaló que aunque el director del AGN, Carlos Enrique Ruiz Abreu, ha asegurado que no habría restricciones para consultar los fondos documentales de las extintas direcciones Federal de Seguridad y General de Investigaciones Sociales y Políticas, sigue habiendo una gran cantidad de obstáculos para ello.

Sumado a lo anterior, diversas organizaciones de víctimas documentaron que hay huecos en los acervos porque muchos expedientes están en manos de juzgados, lo que podría considerarse como una operación de saqueo, además de que el AGN puede tardar hasta seis meses en otorgar la información histórica que se le solicita.

Por su parte, el investigador universitario Francisco Ávila Coronel subrayó que la función histórica del AGN siempre ha sido salvaguardar los archivos sensibles que prueben la participación de las autoridades en crímenes de lesa humanidad para que no sean consultados.

De acuerdo con el especialista, en el máximo recinto de la archivística nacional hay bóvedas y cajas fuertes en donde se resguarda una gran cantidad material sonoro, gráfico y escrito que echa luz sobre cómo las autoridades mexicanas han participado en diversas violaciones de derechos humanos, pero dichos acervos permanecen restringidos con el argumento de la protección a los datos personales sensibles.

María Magdalena Pérez Alfaro, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, coincidió en que este último aspecto ha sido utilizado para garantizar la opacidad de varios documentos importantes, como parte de estrategias cada vez más sofisticadas para obstaculizar su consulta.

La insistencia en que dichos expedientes pueden ser revisados libremente, recalcó, no se debe a que un grupo de académicos necesite terminar sus tesis, sino porque ahí están los elementos para conocer cómo ocurrieron las violaciones de derechos humanos de décadas pasadas y evitar su repetición.