a postulación del académico y activista John Ackerman para integrar un comité de evaluación de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) generó un revuelo que de entrada es positivo en cuanto genera discusión y el asomo ciudadano a los procesos de integración de un poder fundamental, el electoral, que hasta ahora habían sido desahogados en batallas de élites que se repartían cargos y decidían el futuro político del país de una manera mafiosamente silenciosa, con muy buenas formas públicas después de la rebatiña en privado.

Al doctor Ackerman se le reprocha su innegable (y frecuentemente apasionada) adhesión al obradorismo ahora llegado a la Presidencia de la República, su condición de esposo de una integrante del gabinete andresino y su condición de extranjero de nacimiento, aunque ya sea mexicano por naturalización. Salvo el punto de su pertenencia o no a un órgano de dirección de Morena, en un consejo académico del Instituto Nacional de Formación Política de ese partido, tema que será abordado con más amplitud líneas más adelante, el doblemente doctor (en sociología política y en derecho constitucional) reúne los requisitos legales para participar en el comité antes mencionado.

En realidad, desde ayer mismo podría ser postulado no sólo para ese puesto de breve temporalidad, de evaluación de aspirantes, sino incluso para buscar un asiento como consejero electoral, pues este jueves la Cámara de Diputados modificó la convocatoria del caso para incorporar lo que ordenó el tribunal electoral federal: que se levante el veto para mexicanos por naturalización y así estos puedan ser consejeros electorales del INE e igualmente que termine la exclusión para miembros del Servicio Profesional Electoral.

Aun cuando se ha levantado una oleada de críticas al Ackerman sólo evaluador de una fase de un proceso del INE (¿cuánto sería el ruido si aceptase lo que ha dicho que no aceptará, ser aspirante a consejero electoral?), no está de más recordar que hasta ahora ese instituto ha sido refugio y centro operativo de personajes impulsados abiertamente por los partidos antaño dominantes. Hoy mismo, en la lista de los siete evaluadores, entre los que va Ackerman, hay historiales relacionados con poderíos ahora desplazados, sin que se generen tolvaneras mediáticas en su contra.

La participación de Ackerman en ese comité de evaluación constituye una representación vigilante de lo que suceda en un ámbito histórica y aplastantemente regido por intereses políticos nefastos. La simulación, el fraude electoral y el acompasamiento a órdenes de poderes fácticos deben quedar atrás si ha de hacerse caso al mandato electoral de 2018 que definió los poderes presidencial y Legislativo y las consecuentes decisiones jurídicamente legítimas que les corresponden, entre otras la correspondiente a la sustitución escalonada de consejeros electorales del INE.

En la postulación de Ackerman para el comité evaluativo hay un punto que tal vez llegue al plano de la interpretación y decisión judiciales, para definir si su participación en un comité académico de un instituto de Morena, el de formación política, le inhiben para el cumplimiento del encargo que le hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, quien a su vez ha recibido similares objeciones, señalada por contar con un cargo directivo en Morena antes de ser electa para dirigir de manera alternativa, reivindicatoria a favor de los intereses reales de las víctimas, uno de esos organismos creados por el salinismo, luego autónomos, que han sido territorio abierto para el engaño y la manipulación a título de causas nobles, la democracia en el caso del INE, y los derechos humanos, en el caso de la CNDH.

Y mientras el Poder Judicial ha decidido mantener vigente la orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga, quien fue accionista mayoritario de Mexicana de Aviación y principal responsable de la crisis y el fraude en la quiebra de esa empresa, ¡hasta el próximo lunes!

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