A partir del análisis de la filtración en información sobre el feminicidio de Ingrid Escamilla y la menor Fátima Cecilia, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info) podría dar vista a las autoridades administrativas, civiles e incluso penales si se actualizan violaciones a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados.

El presidente del organismo, Julio César Bonilla Gutiérrez, advirtió que se debe avanzar en la consolidación de la protección de datos personales, al ser un derecho reciente en el país, sobre el que el Info, como autoridad garante, está obligado a dar acompañamiento permanente a las instituciones, como lo hace ya con la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Al ser entrevistado luego de entregar al Congreso de la Ciudad de México el Informe de Actividades y Resultados 2019 del organismo, Bonilla explicó que desde hace un año el Info ha trabajado con la ahora fiscalía y este año su titular, Ernestina Godoy Ramos, pidió asesoría técnica especializada en materia de acceso y protección de datos.

El organismo ejerció sus atribuciones legales para analizar los casos de Ingrid y Fátima como parte de sus tareas de verificación de los mecanismos que sirven para garantizar la seguridad en la protección de datos personales de los entes obligados, bajo los principios de confidencialidad, consentimiento, licitud y otras señaladas por la ley en la materia.

Antes, durante el acto para la entrega del informe, Bonilla dijo a legisladores que la filtración de información a medios de comunicación genera un debate en el que todas las instituciones deben establecer controles democráticos.

Agregó que la regularidad democrática no nos permite imponer un criterio totalizador, donde se privilegie el derecho de acceso o el de protección de datos. El debate con los medios de comunicación tiene que ser muy respetuoso, de controles democráticos donde sepamos también transmitir, como autoridades, cuál es la importancia de proteger los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y para eso tenemos que hacer una alianza estratégica juntos.

El informe señala que en 2019 se presentaron 155 mil 733 solicitudes de acceso a información pública, 5.5 por ciento más con respecto a 2018. El Poder Ejecutivo concentró 86.7 por ciento con 135 mil 74 solicitudes, 4 mil 724 al Poder Judicial, 3 mil 859 al Legislativo, 8 mil 985 a organismos constitucionales autónomos, mil 781 a partidos políticos y mil 310 a sindicatos.