Tras señalar que en 2019, de mil 170 desarrollos inmobiliarios de diferentes giros 42 por ciento (496) estaban suspendidos o clausurados, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme), Alejandro Salcedo Pacheco, pidió la intervención de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar la operatividad de este sector en materia inmobiliaria, pues la veda está frenando la inversión privada y la generación de empleo en la capital del país.

La falta de obras afecta a la industria de la construcción y a sus trabajadores, así como la producción de microempresas del ramo de carpintería, vidriería, cerrajería, herrería y comercial, pues los nuevos proyectos inmobiliarios incorporan servicios como tintorerías, panaderías y tiendas de conveniencia.

Indicó que de los desarrollos inmobiliarios de diferentes giros, principalmente comerciales y habitacionales que permanecen suspendidos, clausurados o en revisión por el gobierno capitalino, la mayoría se ubica en Benito Juárez, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Cuauhtémoc, lo que ha provocado que la generación de empleos haya caído 85 por ciento.

Aunado a lo anterior, desde julio de 2018, la administración capitalina canceló los permisos para construir inmuebles de más de 10 mil metros y determinó revisar las licencias otorgadas entre 2017 y 2018 a los grandes desarrollos inmobiliarios.

Tras las verificaciones de 174 construcciones se suspendieron 26, incluidos ocho megaproyectos, los cuales representaron una inversión de alrededor de 500 millones de dólares.

A nombre de empresarios inmobiliarios adheridos a la Alampyme, Salcedo Pacheco también pidió la intervención de la mandataria en asuntos ya juzgados por los tribunales que otorgan la razón a los empresarios afectados por las clausuras hechas por el Instituto de Verificación Administrativa a sus negocios.

Señaló que Alampyme “cuenta con documentos que demuestran la suspensión al procedimiento administrativo por el Tribunal de lo Contenciosos Administrativo, donde se señalan inconsistencias en actos de verificación, en su ejecución y sanción impuesta.

Si bien admitió que los procesos legales se vienen arrastrando desde la gestión de Miguel Ángel Mancera con actos oscuros e injustos, llama la atención que las autoridades actuales no resuelvan con justicia.