El propósito de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez, de que el dinero deje de ser la parte central de las reparaciones del daño que otorga la institución, debe realizarse con mucho tacto, señalaron activistas de organizaciones civiles.

Lo anterior, dijeron, para no prejuzgar sobre las intenciones de las personas agraviadas ni enviar mensajes equivocados al sector que ha padecido cambios muy fuertes en su vida.

Valentina Peralta, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, consideró que aunque la falta de control en el ejercicio de los recursos de la CEAV es un tema importante que debe atenderse, Gómez Pérez debe ser cuidadosa con las formas en que lleva a cabo esta tarea.

Las maneras de su equipo son rudas y muy determinantes, y las víctimas no están acostumbradas a eso. Tienen razón, por el desorden interno que hay en la CEAV, pero hay cosas que deben aprender, y es justo en esta transición donde las familias pueden percibir que les están cerrando la puerta, cuando otras administraciones, al repartir recursos parecía que aventaban confeti, señaló la activista.

En dicho escenario, Peralta advirtió que hay políticos y organizaciones no gubernamentales que buscan aprovechar la situación de descontento entre varios grupos de víctimas, y tratan de reunirlos bajo la idea de que la CEAV pretende quitarles sus derechos ganados.

El equipo de Mara tendría que reconsiderar sus formas, porque reconozcamos que hay muchas personas que han abusado (de las medidas de reparación económica), y es jurídica y éticamente correcto revisar todo, pero si recurre a una manera hostil, que ponga en duda la integridad de las personas usuarias, se está dando un balazo en el pie. Que hagan lo que tienen que hacer, pero pisando suave, porque están caminando en papel arroz, advirtió.

Por su parte, Jorge Verástegui, defensor de derechos humanos, lamentó el tono de las expresiones de Mara Gómez respecto al tema de los posibles abusos de algunas víctimas en materia de solicitud de reparaciones económicas, pues “demuestran su falta de sensibilidad y conocimientos al respecto.

Me parecen muy desafortunados los comentarios de la comisionada, porque traslada a las víctimas una responsabilidad que es institucional, y después en entrevistas se desdice, para afirmar que los responsables son los abogados. (...) Está muy bien que tenga el objetivo de cumplir la ley, pero sería verdaderamente preocupante si no logra tener el lenguaje adecuado para transmitir ese mensaje, puntualizó.