En un escenario de más de 61 mil registros de personas desaparecidas en México, 15 mil 835 son mujeres, muchas de las cuales no son registradas adecuadamente y menos buscadas con protocolos específicos, denunciaron organizaciones civiles ante funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG).

En una reciente audiencia realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre niñez, reclutamiento forzado y desapariciones, representantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México advirtieron, frente al subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Alejandro Encinas, que hay una epidemia de desapariciones, particularmente de menores de edad y específicamente de niñas.

La situación se agrava por diversos elementos, entre éstos porque hay un mismo patrón de desapariciones que procede desde Centroamérica, particularmente de El Salvador.

Cifras compiladas por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) indican que durante el periodo 1969 a 2006, un total de 268 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en los registros oficiales. En tanto, de 2006 a diciembre de 2019, es decir, en 14 años (último corte disponible), se acumularon 15 mil 567, para un gran total de 15 mil 835.

Los representantes de la red dijeron que tan sólo de 2000 a 2018 se registraron 36 mil desapariciones, de las cuales poco más de 6 mil corresponden a niñas, niños y adolescentes, 17 por ciento del total de personas desaparecidas en el país.

Entre 2012 y 2014 –puntualizaron– el porcentaje de mujeres adolescentes desaparecidas tuvo un incremento de 131 por ciento y para 2018 hubo aumento de 59 por ciento respecto del periodo anterior.

Los enviados de la sociedad civil a este encuentro –realizado el 6 de marzo en Haití– advirtieron de la falta de información por parte de las fiscalías para la integración no sólo del sustancial registro nacional de personas desaparecidas, sino de la precisión respecto de la edad de la víctima y los mecanismos para buscar a las mujeres.

“Nos encontramos con una fuerte indolencia de las autoridades encargadas de las investigaciones, que muchas veces terminan clasificando las desapariciones de niñas y mujeres como no voluntarias, sino que se fueron por su voluntad y las clasifican como ‘no localizadas’ o ‘ausentes’”, lo cual dificulta su búsqueda.

Desde hace varias semanas, el gobierno mantiene una ronda de encuentros con autoridades estatales, familiares de víctimas y representantes de organizaciones civiles, con el objetivo de implementar el mecanismo extraordinario de identificación forense.

Por ahora, según información difundida por la propia SG, se avanza en alternativas particularmente de búsqueda postmortem. Se han documentado recientes búsquedas, en lo que va del año, en predios solos –y búsqueda de fosas clandesintas– en Veracruz, Guerrero, Morelos, Sonora, Jalisco, San Luis Potosí, Michoacán, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Baja California y Oaxaca.

El subsecretario Encinas ofreció tanto a la CIDH como a los grupos civiles un trabajo conjunto; destacó la creación de la Guardia Nacional como un mecanismo nuevo para coadyuvar en el combate a la inseguridad y como una situación transitoria ante las debilidades –fundamentalmente la corrupción y la impunidad– de las autoridades estatales.