Madrid. Ante el cúmulo de pruebas e investigaciones internacionales sobre presuntos actos de corrupción del rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, crece el clamor para que se abra una investigación ya sea por un presunto delito fiscal, cohecho, malversación y lo que resulte.

La casa real vive una crisis histórica a raíz de la decisión de Felipe VI de desvincularse de su progenitor y renunciar a una herencia de 65 millones de euros que supuestamente tiene procedencia ilícita y había permanecido oculta en un paraíso fiscal.

Diversos partidos políticos y agrupaciones de técnicos de Hacienda coincidieron en que los indicios que hay sobre la actuación del rey emérito en el pasado, sobre todo con relación al supuesto pago de comisiones en la construcción del tren de alta velocidad a La Meca, podría ser constitutivo de delito.

Sólo que aquí se abre un debate, ya que la Constitución española garantiza la inviolabilidad del monarca, al menos cuando está en funciones. Sin embargo, Juan Carlos de Borbón abdicó hace algo más de siete años en favor de su hijo, pero mantuvo la condición de rey emérito. Es decir, que sólo esa figura le podría permitir inmunidad, lo que obligaría a que, en caso de ser juzgado, sería en el Tribunal Supremo.

Un grupo de técnicos de Hacienda de la plataforma independiente Gestha solicitó a la agencia tributaria que abra una investigación contra el rey benemérito, al entender que hay indicios racionales de delitos fiscales y blanqueo de capitales.

Los expertos en materia de legalidad fiscal advierten que la casa real reconoció en su comunicado que Juan Carlos I pudo haber cometido un delito contra Hacienda.

Advierten que de ser ciertas las sospechas de la Fiscalía suiza –que fue la que abrió la investigación contra el monarca emérito–, se trataría de un posible delito de fraude fiscal agravado y el blanqueo quedaría demostrado si se acredita que desde su supuesta cuenta en Suiza existen rembolsos a terceros que previamente han pagado parte de sus gastos personales e inversiones.

Según versión de la casa real, el rey Felipe VI desconocía que su padre le había nombrado beneficiario de esos fondos en paraísos fiscales, lo que habría precipitado la ruptura total entre ambos. Esto abre una grieta en la institución nobiliaria, que acaba de superar una crisis tras ser condenado por corrupción el cuñado del actual monarca y esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, quien tejió una red de corrupción para desfalcar al erario y cobrar comisiones ilegales.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE, en el gobierno) expresó su máximo respeto a la pesquisa, pero no se movió de su postura inicial de hace dos semanas, en la que votó en contra de que se abra una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la presunta trama de corrupción del rey emérito, en lo que no coincidió con su socio de gobierno, Unidas Podemos, que es partidario de investigar y juzgar a Juan Carlos I.

Los partidos nacionalistas vascos y catalanes, como Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco, se mostraron partidarios de apoyar la moción, pero en cualquier caso para que sea aprobada será necesario el respaldo del PSOE o de alguno de los tres partidos de derecha: el Partido Popular, Vox o Ciudadanos, algo que se antoja improbable.