Instituciones públicas y privadas instaron al Congreso capitalino a aprobar en el actual periodo ordinario de sesiones, que concluye el 30 de noviembre, el paquete de reformas en materia de adopción que presentó la diputada de Morena Lilia Rossbach Suárez en octubre pasado y que a decir del director general de Asuntos Jurídicos del DIF nacional, Enrique García Calleja, podría presentarse como modelo al resto de las entidades del país.

El funcionario explicó que la iniciativa armoniza la legislación local con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se fijó un plazo a los congresos de las entidades para homologar su normatividad a más tardar el 30 de noviembre de 2019. Vencido ese plazo sólo han avanzado Tlaxcala, que la recibió del Ejecutivo local como iniciativa preferente; Nuevo León, donde está en dictaminación; Jalisco, que ya la aprobó y está en análisis para su publicación, y Chihuahua, donde se aprobó y entró en vigor.

En una mesa de trabajo presidida por Rossbach con representantes de organizaciones e instituciones que entregaron observaciones y propuestas de modificación al paquete de iniciativas que presentó para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y los códigos Civil y de Procedimientos Civiles, García Calleja dijo que esperaba que la reforma en la ciudad estuviese aprobada antes de la reunión nacional de procuradurías, programada los días 22 y 23 de abril, para presentarla como modelo al resto de la entidades.

Rossbach explicó que con estas reformas, además de adoptar el procedimiento único de adopción nacional que establece la ley general, se busca establecer un marco regulatorio eficaz que evite la institucionalización de los menores expósitos, en situación de abandono y víctimas de violencia y explotación, para garantizar su derecho a vivir en familia, anteponiendo en todo momento el interés superior del menor.

Explicó en entrevista que se busca acelerar el procedimiento administrativo y jurisdiccional al máximo de 90 días que establece la ley general, prorrogable a 90 días más en los que exista juicio de patria potestad para efectos de adopción. La idea, dijo, es que no se agote dicho plazo máximo y en alrededor de 60 días pueda concretarse la adopción.