En comisiones y por unanimidad, el Senado aprobó anoche la minuta proveniente de la Cámara de Diputados que eleva a rango constitucional los programas sociales puestos en marcha por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El dictamen quedó en primera lectura y se discutirá en el pleno durante la sesión del próximo martes.

Todas las fuerzas políticas, con excepción de Acción Nacional, que no estuvo presente durante la reunión de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios legislativos, realizada ayer, avalaron el dictamen por el que se reforma el artículo cuarto Constitucional, con la finalidad de dar ese carácter al sistema de salud para las personas que no cuentan con seguridad social, así como atención médica y medicamentos gratuitos, la entrega de una pensión no contributiva a adultos mayores, el apoyo económico a discapacitados y un sistema de becas para estudiantes de escasos recursos.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez Aguilar, destacó la importancia de esa reforma, propuesta por el Ejecutivo federal, que busca proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Los coordinadores de Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática, Dante Delgado y Miguel Ángel Mancera, adelantaron el voto a favor de sus grupos parlamentarios, y lo mismo hizo la priísta Claudia Ruiz Massieu, quien destacó que avala el reconocimiento de esos derechos sociales orientados a poblaciones históricamente vulnerables, como fue el ideal de la Revolución Mexicana.

Ruiz Massieu resaltó que el Revolucionario Institucional no será un obstáculo, pero adelantó que propondrán algunas reservas, ya que es un poco rígida la redacción del dictamen.

Mancera expuso que no se puede dejar de reconocer que desde un principio el presidente López Obrador pugnó por llevar a la Carta Magna sus programas sociales, que se pusieron en marcha inicialmente en la Ciudad de México.

Uno de los artículos transitorios de esa reforma constitucional señala que los presupuestos federal y estatales para esos programas sociales no podrán ser disminuidos, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

En el dictamen se precisa que en este 2020 el presupuesto para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que apoya de manera universal a mujeres y hombres de más de 68 años en todo el país –en zonas indígenas el apoyo es a partir de los 65 años– alcanza 129 mil 349 millones 984 mil 996 pesos.

La puesta en marcha de esos programas “supondría el primer paso hacia la construcción de un Estado de bienestar igualitario y fraterno para que los pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades, desventajas y otras calamidades, expuso el Ejecutivo federal en la iniciativa que presentó en noviembre del año pasado.

Por la tarde, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, comentó que la pretensión era aprobar la reforma también en el pleno, con dispensa de trámites, pero la sesión se alargó y muchos legisladores se retiraron, por lo que no se alcanzaba el quórum y no hubo más remedio que esperar hasta el martes.