rimitivo como es, en sus tiempos como inquilino de Los Pinos, Vicente Fox defendió la aberrante hipótesis de que en México la democracia es de, para y por los empresarios, de tal suerte que la cúpula del sector privado le aplaudió a rabiar, con el coro panista de fondo musical. Pasaron los años, y en apariencia esa hipótesis se apagó, aunque en los hechos fue llevada a la práctica, hasta las últimas consecuencias, por los gobiernos subsecuentes, con el apoyo decidido de sus respectivos partidos políticos que solícitamente legislaron a favor de esa democracia.

Se suponía que al llegar la 4-T tal práctica desaparecería y la democracia sería de, para y por todos los mexicanos. Pero parece que la salvaje lectura foxista caló hondo en algunos chapulines de la política nacional, como en el ahora senador morenista Ricardo Monreal (antes del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y de quien le ofrezca un hueso), dedicado a defender y practicar la hipótesis del esposo de Martita.

Días atrás, en medio del debate por el dictamen para reformar las leyes en materia de outsourcing o subcontratación ilegal (aprobado en diciembre pasado por las comisiones senatoriales de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda), el citado chapulín declaró que llevarlo al pleno sería una falta de respeto (a los empresarios), tomarles el pelo, de tal forma que los acuerdos (los suyos) se respetarán; empeñé mi palabra y se mantendrá.

Desde diciembre pasado esta suerte de Fox zacatecano ha hecho de todo para detener, primero, y congelar, luego, el referido dictamen, a fin de defender, favorecer y mantener intocados a los llamados outsourceros, por mucho que con su palabra empeñada sacrifique los derechos laborales –que garantiza la Constitución– de alrededor de 8 millones de trabajadores que sobreviven bajo ese esquema semifeudal.

El pasado lunes, con el pretexto de la pandemia, Monreal dijo que se analiza suspender actividades en el Senado a partir de mañana o clausurar de manera adelantada el periodo; adelantó que en la sesión de ayer se aprobará la reforma constitucional para llevar los programas sociales al artículo cuarto de la Constitución; la iniciativa de plataformas digitales y si da tiempo la reforma laboral en materia de subcontratación.

Si da tiempo, dijo, sobre una iniciativa fundamental para reivindicar los derechos de los trabajadores. Pero como no le dio tiempo, en los hechos sólo se aprobaría la reforma constitucional para incorporar los programas de bienestar (encargo presidencial) y la que obliga a las plataformas digitales a tener 30 por ciento de contenido nacional en su programación, esto último, por lo visto, mucho más importante que el tema del outsourcing.

Desde el pasado lunes el promotor de la reforma de las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social en materia de outsourcing ilegal, el senador Napoleón Gómez Urrutia solicitó que el citado dictamen sea incluido como uno de los temas prioritarios antes de que se tome la decisión de suspender las actividades legislativas por el Covid-19, ante la urgente necesidad de avanzar en la defensa de los derechos de los casi 8 millones trabajadores y la contingencia sanitaria, pues se encuentran indefensos por las acciones abusivas de este tipo de empresas, que en algunos casos anunciaron que dejarán de laborar sin goce de sueldo.

Pero como la palabra empeñada de Monreal fue con los outsourceros, no con los trabajadores, entonces mantiene congelado el multicitado dictamen. Ante tal panorama, el senador Gómez Urrutia dijo que “es lamentable que intereses ajenos al Legislativo intenten convertir el outsourcing ilegal en legal; eso es ir en contra del proyecto de transformación de López Obrador; existen fuerzas oscuras que desean mantener sus privilegios; se busca imponer una visión empresarial”.

Las rebanadas del pastel

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó formalmente a España la extradición de Emilio Lozoya, a quien espera una mullida cama en un reclusorio nacional.

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