El nuevo Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional (IPN) otorga mayores facultades al director general de esa casa de estudios, resta intervención en la toma de decisiones al Consejo General Consultivo (CGC) y aumenta la estructura de gobierno de la institución.

Aprobado sin ningún cuestionamiento en la sesión del consejo del 28 de febrero pasado, el nuevo ordenamiento legal se publicó el 19 de marzo –es decir, 21 días después– en la página institucional, justo en el inicio de la contingencia por el Covid 19 y la suspensión de clases presenciales.

En una comparación entre el anterior y el nuevo Reglamento Orgánico se observa también la creación de nuevas direcciones y secretarías, aumentado la estructura de gobierno del IPN. Así, de 22 direcciones de coordinación se pasó a 31.

El nuevo ordenamiento legal de esa casa de estudios desaparece todo el Capítulo II que contenía 11 artículos, los cuales establecían candados y condiciones que debía cumplir el director general para crear, suprimir y reubicar unidades académicas; unidades de apoyo a la innovación educativa; unidades de apoyo a la investigación, al desarrollo y fomento tecnológico y empresarial, así como unidades educativas vinculadas a ciencia, tecnología, investigación y desarrollo empresarial, conocidas como Clústers Politécnicos.

Estos artículos obligaban al director a presentar ante el Consejo General Consultivo, entre otras cosas, los estudios y justificación sobre la oportunidad, pertinencia y factibilidad de los proyectos; la oferta y demanda educativa y de enseñanza o de servicios, por nivel y área del conocimiento que corresponda, en el país, la región o el área de influencia; el impacto presupuestal y todos los recursos que se dispondrían, indicando las fuentes y compromisos, así como la situación jurídica, las especificaciones técnicas y requerimientos administrativos del inmueble donde se establecería la unidad politécnica.

También fue borrado el artículo que señalaba que el CGC conocería en lo general el contenido del proyecto y acordaría la integración de una comisión especial encargada de dictaminar sobre su pertinencia, conveniencia y factibilidad.

Además, a partir de ahora, el director general tendrá la facultad exclusiva de establecer los criterios para autorizar la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas de base tecnológica y redes regionales de innovación, así como spin off y spin out (esquemas productivos subsidiarios en los que participan alumnos, egresados, personal académico y de apoyo de la propia institución). Esto último relacionado con las iniciativas de resultados de investigación comercializables a partir de incubadoras o empresas integradas al IPN.