De 2017 a la fecha la Fiscalía ­Especial para la Atención de ­Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) ha obtenido 18 sentencias condenatorias –entre ellas las que se han dictado en dos casos emblemáticos, los ­homicidios de Miroslava Breach Velducea y ­Javier Valdez Cárdenas, corresponsales de ­La Jornada–; además, hay 80 personas sujetas a juicio y decenas de investigaciones están en curso. El trabajo ha generado un mensaje claro: las agresiones, amenazas o intimidaciones contra los periodistas van a tener consecuencias, afirmaron Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, y el encargado de la Feadle, Ricardo Pérez Sánchez del Pozo.

La funcionaria explicó que la Feadle cuenta con células de investigación dedicadas sólo a la persecución de amenazas contra periodistas, ya que es el delito con mayor incidencia, y alcanza 45 por ciento de las denuncias que se atienden.

Herrerías Guerra expuso que en las áreas que están adscritas a su fiscalía hay una política muy enfocada en atender los casos en que han señalado como responsables a autoridades, que van desde el delito de abuso y tortura, aunque también hay algunos por tratos crueles o degradantes, contra la administración de la justicia; un tercer bloque son los casos de homicidio y ya tenemos sentencias en dos casos emblemáticos para el país [Miroslava Breach y Javier Valdez].

Mencionó que hay 36 casos en que se ha llegado a acuerdos reparatorios o a sentencia condicional, en los que las personas denunciadas se comprometen a resarcir a los periodistas afectados, y ello envía mensajes de cero tolerancia e ­impunidad.

Abuso de autoridad

A su vez, el titular de la Feadle destacó que de esta manera se están llevando los casos a una justicia más pronta y más expedita en favor de la víctima.

El fiscal Ricardo Pérez mencionó que en el estado de Quintana Roo se tiene una incidencia muy alta del delito de abuso de autoridad y pocos casos de amenazas; sin embargo, el mensaje que se envía a todos aquellos que afectan la libertad de expresión es que las autoridades federales están actuando y judicializando los expedientes, y en este momento podemos ver cómo han ido descendiendo los delitos de abuso de autoridad en Quintana Roo.

Agregó que cada entidad tiene una incidencia particular, pero que el trabajo que se ha desarrollado desde 2017 ha dado resultados. Veracruz, por ejemplo, tuvo un pico de agresiones muy importante y ahora las estadísticas son distintas a las de hace tres años. Actualmente son más los casos de amenazas que de agresiones directas y violentas.

La fiscal Sara Irene Herrerías dijo que este mensaje es importante, porque llevará a que se sancionen las amenazas o las agresiones más leves, va a prevenir también los homicidios. Reitero, el mensaje es: si cometes un delito va a haber una respuesta del Estado, no va a haber impunidad.

Mencionó la importancia que han tenido los acuerdos reparatorios. Por ejemplo, citó el caso en el cual un funcionario dañó la cámara de un fotoperiodista y, en lugar de buscar una condena en el ámbito judicial, se logró que el inculpado pagara el equipo dañado y otorgara una reparación económica a la víctima.

En cuanto a los homicidios de periodistas los funcionarios mencionaron que se buscan sentencias altas, de más de 50 años contra los imputados, como ocurre en los casos de Miroslava Breach y de Javier Valdez.