Xalapa, Ver., María Elena Ferral, reportera del Diario de Xalapa, quien laboraba en municipios de la sierra de Papantla y de la región norte de la entidad, murió anoche después de sufrir un ataque horas antes.

Este el segundo caso de un comunicador asesinado en lo que va de la administración del gobernador Cuitláhuac García, de Morena. El primero fue Celestino Rivera Vázquez, colaborador del Gráfico de Xalapa, ultimado en agosto de 2019.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Red Veracruzana de Periodistas y organizaciones no gubernamentales condenaron el ataque y exigieron a las autoridades una efectiva investigación para dar con los responsables para que el crimen no quede impune.

De acuerdo con informes policiacos, la agresión contra Ferral, fundadora del portal Veracruz Quinto Poder, ocurrió pasadas las 14 horas en la zona centro de la cabecera municipal de Papantla.

La reportera de asuntos sociales y políticos estaba a punto de subir a su automóvil cuando un sujeto abordo de una motocicleta se acercó y le disparó al menos tres impactos en el tórax.

Rescatistas llegaron al sitio y trasladaron a la comunicadora al Hospital Regional de Papantla, donde recibió atención médica, pero al filo de las 20 horas se notificó su fallecimiento.

En 2016, Ferral afirmó que por su trabajo periodístico en la sierra de Papantla recibió amenazas de muerte por parte de Camerino Basilio Picazo, ex alcalde de Coyutla y ex diputado local priísta, a quien se involucró en 2005 en el homicidio de Miguel Alfonso Vázquez, ex síndico de ese municipio, pero las pesquisas no avanzaron. Ferral presentó en ese entonces una denuncia penal.

Según la CNDH, del año 2000 a la fecha han sido asesinados al menos 155 comunicadores en el país. Organizaciones no gubernamentales documentaron el homicidio de 10 reporteros el año pasado por motivos relacionados con su labor.

La Red Veracruzana de Periodistas manifestó que el homicidio de su colega exhibe las condiciones en las que trabajan la mayoría de integrantes en ese gremio: una inseguridad galopante, por lo que pidió a las autoridad indagar las amenazas que Ferral había denunciado en su contra y que se aplique el mecanismo de protección federal para su familia.