a pandemia está provocando una conmoción en prácticamente todos los aspectos de la vida social. Por supuesto, la salud es lo primero que hay que enfrentar y resolver, pero al mismo tiempo es urgente actuar para que la economía no se descomponga aún más de lo que décadas de neoliberalismo la han descompuesto. No son tiempos normales. Por el contrario, como todos debiéramos entender, se trata de una emergencia sin parangón en la historia. Enfrentarla exige entender la naturaleza específica de la sociedad a la que está golpeando el Covid-19.
La nuestra es una sociedad profundamente rota, no sólo dividida entre ricos y pobres, también presenta amplísimos grados de desestructuración, que con esta crisis se agudizarán. Los datos son conocidos: alrededor de 60 por ciento de la fuerza de trabajo de México está ocupada en actividades económicas informales; otra parte está ocupada en actividades formales, pero gracias a la subcontratación operan en condiciones laboralmente informales, precarizadas. De modo que a esta enorme proporción de los trabajadores del país la suspensión de muchas de las actividades económicas los coloca inmediatamente en condiciones imposibles de superar.
Frente a esta probable crisis social, corresponde al Estado tratar de evitar que la contracción de la actividad económica, que pudiera ser mayor a cinco puntos porcentuales del PIB este 2020, provoque situaciones sociales incontrolables. Los mecanismos de los que dispone el Estado mexicano para enfrentar esta emergencia tienen que ser utilizados integralmente. No se puede enfrentar una situación como la que estamos viviendo, sosteniendo que siguen siendo válidos principios económicos que, pese a ser muy discutibles, pudieran tener validez en condiciones normales. El equilibrio fiscal, el no endeudamiento neto adicional y una situación tributaria inalterada, no son sostenibles ante las dificultades que enfrentará el grueso de nuestra población.
El neoliberalismo logró que el tamaño de nuestro Estado se redujese sensiblemente. Lo que subsistió a las reformas del mercado es un Estado con capacidades reducidas. Estas capacidades son las que hay que utilizar plenamente. Para ello, es urgente proponer un pacto que involucre a los actores económicos, políticos y sociales, en el que se discutan las propuestas que han ido planteándose, como las del grupo Un nuevo curso para el desarrollo, la de algunos personajes del neoliberalismo, las de diversos grupos de la sociedad civil, así como la de economistas mexicanos, latinoamericanos, europeos e incluso del mainstream económico estadunidense.
Lo que tiene que estar en el centro en una discusión que conduzca a un pacto social ampliamente consensado es, en primer lugar, la salud de la población. Consecuentemente hay que darle al sector salud todos los recursos que le hagan falta para enfrentar eficientemente la emergencia sanitaria. La colaboración público-privada en este sector es crucial y debe impulsarse presupuestalmente, junto con los estímulos fiscales que sean necesarios. En segundo lugar, debe protegerse a las personas, a sus empleos e ingresos. La suspensión de la vida económica complicará la subsistencia de muchas microempresas de carácter familiar, pero también afectará a empresas pequeñas y medianas. Hasta Carstens reconoce la necesidad de que los bancos presten a personas y empresas, con garantías estatales y haciendo uso de recursos de los dividendos que se reparten entre los accionistas.
Los programas de financiamiento bancario deben aprovechar los recursos de los bancos centrales. Pese a su magnitud, seguramente serán necesarios muchos más recursos. De modo que pudiera ser oportuno que, para superar la limitación legal impuesta por el neoliberalismo para que el Banco de México no pueda financiar al gobierno federal, éste emita Bonos para la Emergencia
que compre el BdeM y pague con emisión de dinero. Habrá aquí, por ello, una expandida fuente de recursos que, junto con las líneas de financiamiento internacional de que dispone el banco central, permitirán actuar con mayor capacidad.
El pacto social planteado deberá acordar una nueva fiscalidad, tanto a nivel tributario como en el pacto fiscal federal, que permita que el Estado amplíe sus recursos y, consecuentemente, sus capacidades para responder eficazmente a las necesidades sociales. No es sostenible pensar que el actual Estado mínimo será capaz de enfrentar adecuadamente esta contingencia sin hacer crecer su capacidad de gasto, lo que obliga necesariamente a crecer sus ingresos. En pocos días AMLO presentará el paquete económico para enfrentar la contingencia. Es una oportunidad única para darle recursos a un Estado que, para responder a ingentes necesidades sociales, que con esta pandemia se ampliarán sustancialmente, requiere mejores y mayores capacidades.
