espués de 18 años de demagogia derrochadora, frivolidad incontenible y retrocesos vergonzantes, en 1988 el grupo que asaltó el poder empezó a organizar un nuevo y pragmático modelo para robar, que consistió en la desamortización de los bienes del Estado, patrimonio y de empresas productivas en favor de quienes se habían apoderado del gobierno de manera fraudulenta, blindando legalmente esa conducta para así garantizar su impunidad.

Ya en la anterior etapa de saqueo, sus beneficiarios habían dejado al país y a su economía en una lamentable crisis, con un tipo de cambio que había pasado de 12.50 pesos por dólar, a 2 mil 290 pesos (incremento del 18 mil 320 por ciento) y la deuda pública que era de7 mil 900 millones de dólares creció a más de 120 mil millones (incremento de mil 519 por ciento). Esa embestida, que había dejado jugosos botines y territorios de asalto, también provocó un grave quebrantamiento en la solvencia del gasto corriente y el financiamiento presupuestal; razón por la cual, los nuevos depre-dadores tuvieron que perfeccionar y darle viabilidad operativa a su saqueo y, para ello, diseñaron un modelo que les permitiera obtener fondos, créditos, y beneficios patrimoniales que nutrieran el botín que tanto buscaban.

Desmantelaron la cadena productiva y comercializadora nacional que generó el milagro del llamado Desarrollo Estabilizador de México, entre 1940 y 1970, entregando ese ámbito al extranjero, para así obtener los créditos y las asociaciones que estaban buscando. Asimismo, con el Tratado de Libre Comercio crearon una burbuja aislada y una zona libre de maquila, subsidios y exenciones de impuestos en favor de un pequeño grupo trasnacional; mientras al resto del país lo dejaron en un desmantelamiento económico y de atraso que habría de potencializar geométricamente el ambulantaje y la informalidad para devorar al sector formal del país en beneficio de una burocracia corrupta y solapadora.

Con el fin de depurar aún más su modelo para robar, los tecnócratas generaron, en 1991 y 1993, cambios legislativos drásticos aprobados mayoritariamente por diputados y senadores, con la promesa de reducir cada vez más la aplicación de la prisión preventiva; lo que implicaba que el robo masivo a la nación fuera considerado como un simple delito leve, que ya no iba a ameritar prisión preventiva obligatoria para los saqueadores, quienes llevarían en libertad largos procesos en los que la corrupción acabaría favoreciéndolos, como se ha probado en los casos de los grandes atracos contra los bienes y el territorio del país.

▲ Integrantes de la policía hacen un operativo de vigilancia en un Centro de Readaptación Social de la capital .Foto Alfredo Domínguez

De esa manera, el jugoso botín ya podía caer impunemente en manos de quienes ejercieran cargos públicos, así como también para sus socios, cómplices y protegidos que, de ese modo, se adueñaron de puertos, aeropuertos, carreteras, vías férreas, grandes contratos, industrias estratégicas, territorios mineros y cualquier sector que les fuera apetecible.

Para blindar más aún dicha impunidad y saqueo, en 2008, y con la aprobación de la mayoría calificada de legisladores, se incorporaron reformas al sistema procesal penal nacional que prometían compactar el procedimiento y defender los derechos humanos de los presuntos delincuentes para que, finalmente, su tramitología y sus requisitos, prácticamente imposibles de superar, inclinaran la balanza de la injusticia en favor de la impunidad de los delincuentes y en contra de la mayoría de las víctimas y, por supuesto, del patrimonio y las riquezas del Estado, mientras dicha impunidad se multiplicó geométricamente hasta llegar a 99 por ciento.

Esta maquiavélica protección legislativa de la rapiña se sustentó también en la incapacidad y la corrupción de aquellos que tienen la obligación legal de prevenir, acusar y sancionar los delitos, y a quienes las leyes y las propias autoridades los han eximido de una clara y sancionable obligación de ser competentes, capaces y honrados.

Hoy, los resultados están a la vista. En 2018 se cometieron 33 millones de delitos; la deuda pública que en 1970 era de más de 7 mil 900 millones de dólares, (equivalentes a 99 mil millones de pesos), pasó a una cifra superior a 411 mil millones de dólares, (8 billones de pesos). El tipo de cambio cayó de 12.50 por un dólar a 19 mil 650, si no le hubieran quitado en 1993 los tres ceros con los que ocultaron la magnitud de su desplome. El producto interno bruto, en términos reales, se estancó en todas estas décadas y la mayoría de los mexicanos se han empobrecido mientras la riqueza desmesurada se concentró en los dueños del saqueo oficial y en los beneficiarios del Tratado de Libre Comercio.

Frente a este atraco desmesurado y su incalificable traición al país, la única manera de recuperar la soberanía, el patrimonio, la dignidad y el progreso de los mexicanos es modificando todas las leyes que han protegido el saqueo y la abrumadora injusticia para, de esta manera, instaurar un régimen jurídico y un sistema administrativo que de verdad defienda, a diario, a cada uno de los mexicanos y a la nación entera.