Solamente la mitad de jueces y magistrados que han incurrido en actos de corrupción han sido sancionados con la destitución y nada más se judicializa uno de cada tres casos si el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha presentado denuncias para que se actúe penalmente contra los que han beneficiado a grupos delictivos o cometido ilícitos contra la administración de la justicia, porque no se aportan suficientes elementos de prueba al Ministerio Público Federal.

Informes del CJF señalan que durante el año pasado sólo dos magistrados de circuito y dos jueces de distrito fueron removidos de su cargo por conductas que se enmarcan como delitos en la administración de justicia y luego de descubrirse que sus propiedades y cuentas bancarias eran mayores a las que obtenían con sus ingresos legales.

Uno tenía depósitos en su cuenta por $70 millones

El caso más sonado en ese periodo fue el del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien desde años previos fue señalado por el Departamento del Tesoro estadunidense por tener vínculos financieros con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que en 2016 exonerara a Rubén Oseguera González, hijo de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder de esa organización delictiva.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó que sus cuentas bancarias tenían depósitos por más de 70 millones de pesos que no correspondían con sus su ingresos verificados. Por eso, el CJF presentó una denuncia en su contra y se le vinculó a proceso por enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, no se le fincaron cargos por delincuencia organizada, pese a que Rubén Oseguera no fue el único integrante del CJNG al que benefició con sus fallos, además de que se encontraron a otros jueces y magistrados involucrados con ese cártel.

De acuerdo con solicitudes de información pública respondidas por la Fiscalía General de la República (FGR), sólo un tercio de las investigaciones de casos penales en contra de jueces y magistrados fueron judicializados, eran federales y estaban asignados en Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Veracruz y Colima.

Según el CJF, en los pasados siete años han sido sancionados 148 jueces y magistrados, la mayoría por conductas en contra de la ética, tales como acoso laboral y sexual, nepotismo, ineficiencia administrativa o malos tratos.

Sin embargo, como los sancionados pueden recurrir a un amparo y presentarlo ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) la validación de los castigos pueden alargarse por años.

Así sucedió, por ejemplo, con el cese del magistrado José Guadalupe Luna Altamirano, quien liberó a uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y fue sancionado a inicios de 2017, pero apeló la determinación hasta que, en mayo del año pasado, el pleno de la SCJN la confirmó.