La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó dar trámite a la controversia constitucional promovida por el municipio de Puebla en contra del gobernador Miguel Barbosa Huerta por su decisión de destituir a los funcionarios de seguridad pública de ese ayuntamiento y nombrar a sus nuevos titulares sin consultar al cabildo.

Esta medida fue tomada por el mandatario poblano luego de las manifestaciones de protesta por el asesinato de cuatro estudiantes de medicina en febrero pasado, y tiene como base legal el artículo 105 fracción VIII de la constitución estatal. Sin embargo, el ayuntamiento de Puebla argumenta que la decisión invade sus facultades y vulnera los principios del municipio libre.

La medida del gobernador se anunció para cinco municipios del centro de la entidad: Amozoc, San Martín Texmelucan, Juan Crisóstomo Bonilla, Huejotzingo y Puebla; sin embargo, sólo la alcaldía de la capital ha recurrido a la Corte para que revise la constitucionalidad de dicha medida.

▲ El mandatario tomó la decisión después de las protestas por el asesinato de cuatro estudiantes.Foto Cristina Rodríguez

Dicho oficio ordena que la Secretaría de Seguridad Pública del municipio sea ocupada por un delegado, nombrado por el gobernador, al hacer uso de su facultad constitucional que permite hacerse cargo de la fuerza pública en casos de graves trastornos del orden público.

Al admitir a trámite la demanda, la SCJN no otorgó la suspensión de esa medida, que hasta ahora no ha podido concretarse porque la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, anunció que no acatará la orden, mientras Barbosa dijo que tampoco recurrirá a la fuerza para imponerla: No voy a entrar a esa confrontación, es evidente que ella no va a acatar voluntariamente la decisión que tomé como gobernador, dijo.

Así, ambas partes esperarán hasta que la SCJN defina la constitucionalidad de esta medida.