Senadores de Morena, Movimiento Ciudadano y Partido Verde presentaron una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la ley nacional de ejecución penal en materia de trabajo penitenciario, con el objetivo de regular el trabajo en las prisiones y que a los reclusos que laboren no se les pague un salario inferior al que se brinda en la industria y en los servicios.

En las modificaciones que plantean destacan que a través de la industria penitenciaria, en la que participa el sector privado, se busca consolidar diversas oportunidades para las personas privadas de su libertad en el ámbito de actividades productivas e industriales.

Garantizar acceso a capacitación

Refieren que la autoridad penitenciaria deberá implementar medidas especiales para garantizar el acceso a la capacitación para el trabajo en condiciones de igualdad de las personas que en los centros de reclusión se encuentren en una situación especial de vulnerabilidad, como las mujeres, las personas con discapacidad o madres que viven con sus hijos dentro de la prisión.

Los senadores señalan que la capacitación para las actividades productivas puede ser a cuenta de terceros. Las personas físicas o jurídicas que manifiesten interés en proporcionar trabajo a quienes están privados de la libertad, podrán determinar un tiempo de capacitación inicial para la actividad productiva que se vaya a desarrollar dentro del penal, periodo que no podrá exceder de 90 días; durante ese lapso, el empleador no podrá comercializar el trabajo que se lleva a cabo, en caso contrario deberá pagarlo.

Destacan que la autoridad penitenciaria procurará la participación de aquellas personas físicas o jurídicas que impartan talleres o actividades que permitan a las personas privadas de la libertad desarrollar conocimientos, habilidades, valores y actitudes que les faciliten el acceso a un empleo en libertad

Respecto del monto a pagar, los senadores destacan en su propuesta que la forma de pago o remuneración por la actividad a desempeñar, ya sea por destajo, obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, en ningún caso podrá ser menor al salario mínimo vigente general en el área geográfica de aplicación al que corresponde el lugar donde se realiza el trabajo.