Buenos Aires., El gobierno del presidente Alberto Fernández dispuso ayer mediante decreto postergar hasta 2021 los pagos de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública en dólares emitida en el país, calculada en alrededor 9 mil 800 millones, debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

Es decir, el país dejará de pagar los bonos según la legislación local por ahora y mientras continúa negociando una restructuración con los acreedores de bonos bajo legislación extranjera con vencimientos por 500 millones de dólares, que debería pagar este mes.

Con este decreto, Argentina se libera hasta el 31 de diciembre de 2020 de pagar los bonos en dólares emitidos bajo ley argentina, que no son susceptibles de arbitraje internacional, a la espera de la negociación para restructurar 68 mil 842 millones de dólares de su deuda con acreedores privados bajo jurisdicción extranjera.

El decreto no especifica el monto de la deuda reprogramada, pero los vencimientos restantes en 2019 son de unos 9 mil 800 millones de dólares, señalaron medios locales.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que la decisión de prorrogar hasta el año próximo el pago de la deuda pública local estaba contemplada en el proceso de restructuración decidido por el gobierno.

Agregó que desde el gobierno se apunta a un tratamiento equitativo para la deuda pública en dólares bajo la ley argentina y las leyes extranjeras en un marco de sostenibilidad de la deuda argentina.

No es la primera vez que el gobierno restructura vencimientos de deuda de modo unilateral en los últimos meses. En diciembre pasado postergó el pago de amortizaciones correspondientes a Letes en dólares hasta el 31 de agosto de 2020, y en febrero de este año pasó hasta el 30 de septiembre de este año el pago de la amortización correspondiente a los Bonos Dual, a la vez que interrumpió el devengamiento de los intereses.

Esta decisión tiene que ver con el compromiso tomado por el gobierno de acabar con los ciclos de endeudamiento que destruyen oportunidades y generan profundos desequilibrios sociales, por lo cual se trata de de crear condiciones que transitoriamente permitan recomponer el programa financiero, comenzando por los compromisos de corto plazo, mediante la prórroga inmediata de sus vencimientos.

En tanto, el Banco Central advirtió que podría imponer sanciones a las instituciones que no cumplan con las condiciones de las líneas de crédito para pequeñas y medianas empresas y cobren comisiones e intereses extras.

Para los bancos que ofrezcan ña línea de emergencia a una tasa de 24 por ciento anual, liberó una parte de los encajes, que estaban inmovilizados a tasa cero.

Los créditos no serán computables para la disminución de la exigencia de efectivo mínimo en pesos prevista, señala el comunicado del Banco Central, cuyo titular es Miguel Pesce. Esta decisión se tomó al conocer las denuncias de cámaras y asociaciones Pymes.

En este contexto, el ex vicepresidente Amado Boudou (2011-2015) fue beneficiado con la prisión domiciliaria por el Tribunal Oral Federal 4, el mismo que lo condenó tras considerarlo culpable de la compra irregular de una empresa que imprimía papel moneda para el Estado, Ciccone Calcográfica, cuando era ministro de Economía en 2010.

Los jueces del tribunal cambiaron su dictamen del 27 de marzo, cuando rechazaron el pedido de excarcelación solicitado por la defensa de Boudou ante el temor de que el ex vicepresidente se contagiara del Covid-19 en el penal federal que se encuentra en Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue tomada porque la sentencia no está en firme y él es único sustento de su familia. Deberá usar tobillera electrónica. Su defensa ha demandado la nulidad del proceso.