l ala más recalcitrante de la oligarquía que perdió el control del poder presidencial y sus voceros oficiosos han pretendido convertir la crisis sanitaria y económica del momento en una oportunidad para descarrilar a la Cuarta Transformación. Pero, como se ha dicho, para que este designio pudiera tener una mínima perspectiva de éxito tendrían que concretarse escenarios de catástrofe epidémica de enormes proporciones y de demolición de la economía. El plan ha sido concebido desde una tremenda incapacidad para entender las lógicas del actual gobierno y las que operan en el grueso de la sociedad mexicana desde hace algunos años y sus probabilidades de triunfo son, por ello, muy escasas. En realidad, la epidemia de Covid-19 –y los quebrantos que conlleva en la producción, el comercio, el empleo y las finanzas– representa para ese sector de la casta desplazada una gran oportunidad para empezar a comprender lo que ocurre en el país desde el derrumbe del programa neoliberal en adelante.
Es claro, por ejemplo, que desde diciembre de 2018 esta vertiente de la reacción oligárquica dio por hecho que, en lo sustancial, y por intolerable que le resulte la toma de Palacio Nacional por los plebeyos, el gobierno de López Obrador era una sucesión presidencial más, que el programa político del tabasqueño era mera demagogia y que en lo sustancial la vida pública del país habría de seguir en el rumbo impuesto en el tramo Salinas-Peña, en el que las instituciones fueron convertidas en instrumentos de enriquecimiento personal y corporativo. En consecuencia, la crisis del coronavirus era para ella una doble bendición: por un lado representaba el ataúd de la Cuarta Transformación y por el otro, la astronómica oportunidad que cualquier crisis ofrecía, en los tiempos previos, para detonar un nuevo ciclo de concentración de riqueza, depauperación de las mayorías y saqueo de las arcas públicas. Y como daba por hecho que la diferencia entre López Obrador y sus antecesores es sólo de modales, discurso y símbolos, esa reacción oligárquica fue corriendo a Palacio a pedir un plan de rescate, es decir, una nueva transferencia multimillonaria de recursos públicos a bolsillos privados.
El error de cálculo se hizo evidente de inmediato: este gobierno no tiene la menor intención de seguir las reglas del régimen oligárquico y entre sus objetivos coyunturales no está el de crear condiciones para que unos cuantos multipliquen su riqueza; sus propósitos son, en cambio, cuidar la salud pública del embate del virus y aliviar hasta donde sea posible la penuria que se cierne sobre las mayorías. Tales son las orientaciones prioritarias del presupuesto en la presente circunstancia y el poder presidencial no va a doblarse ante la presión empresarial. El desconcierto y el berrinche de algunos de los dueños del dinero ante esta respuesta dice mucho de lo equivocados que estaban sobre la naturaleza de este gobierno. Ellos y sus voceros en los medios y las redes sociales –tanto los de carne y hueso como las hordas de cuentas falsas que siembran odio y mentiras en Twitter y Facebook– se debaten entre la rabia y la incredulidad y buscan desesperadamente amplificar su propio descontento y contagiarlo, con cierto éxito, hacia las clases medias.
En el ámbito de la salud pública y en el de la economía, los desplazados del poder y el privilegio llegan a extremos como calificar de ocurrencia
o simulación
el sistema de vigilancia epidemiológica centinela –adoptado por la Organización Mundial de la Salud y sus países miembros– o de tuitear con afán pontificador de verdades evidentes: El Presidente cree que los empleos los crea el gobierno
. Como si el sector público en su conjunto, y el gobierno federal en particular, no hubiese sido, no sea y no habrá de seguir siendo, por mucho, el mayor empleador del país.
Para mayor enojo de este grupo, la Presidencia sigue siendo la Presidencia, es decir, la jefatura del Estado y la institución que establece los lineamientos generales de política pública, y los empresarios más prominentes de México –o para decirlo abiertamente: los más acaudalados– aceptaron los lineamientos del plan lopezobradorista para hacer frente a la emergencia económica: demandar el pago puntual de impuestos y exhortar a que no se despida a nadie y se preserven los salarios; por su parte, el gobierno redujo significativamente los precios de los combustibles, comprometió 25 mil millones de pesos para apoyar a un millón de micro y pequeñas empresas, extendió algunos de los programas sociales para beneficiar a cientos de miles y dio una nueva y severa vuelta de tuerca al gasto de las oficinas públicas.
Ese grupo oligárquico político-empresarial y los comunicadores a su servicio bien podrían aprovechar la reclusión para empezar a entender en qué país viven. Ojalá.
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