a información gubernamental revela que entre el 13 de marzo y el 6 de abril del presente año en nuestro país se cancelaron casi 347 mil empleos formales (es decir, aquellos con registro en el IMSS), lo que es atribuible –versión oficial y empresarial– al creciente efecto económico del Covid-19.

Sin duda, la cancelación de esas plazas representa un golpazo al bienestar –de por sí precario– de miles y miles de familias mexicanas que en esas fuentes laborales obtenían sus medios de sobrevivencia, amén de que ahora deben enfrentar la consecuente pérdida de acceso a las instituciones de seguridad social.

El Covid-19 pasa la factura a los jodidos y muchos empresarios –que se mueven en el esquema de sálvese quien pueda– se niegan a echar el hombro solidario, a mantener los empleos en espera de tiempos mejores en los que recuperen lo perdido en esta pandemia.

Sin embargo, existe una duda: si la verdad histórica para justificar los despidos en el sector formal de la economía es el Covid-19, entonces no cabría duda de que desde hace muchísimos años ese bicho depredador de plazas laborales llegó a México para quedarse.

Lo anterior, porque, con base en la estadística del IMSS, la constante (cuando menos desde 1994) ha sido la cancelación (con crisis o sin ella; con bicho o sin él) de miles y miles de empleos formales al cierre de cada año (“diciembre me gustó pa’que te corra”, cantan los empresarios).

Por ejemplo, en el último mes de 1994 se cancelaron alrededor de 165 mil empleos formales, con el pretexto de la ya desatada crisis por los errores de diciembre. A partir de entonces (sin que ello quiera decir que antes de la fecha citada no existiera la práctica), el cierre de año resulta espeluznante en mortandad de plazas laborales.

Entonces, según la versión oficial, en México esa suerte de Covid-laboral –hace estragos entre los trabajadores– llegó hace mucho y lo hizo para quedarse. En realidad, no se trata de un bicho microscópico, sino de una clase empresarial depredadora a la que le importa un pepino el bienestar de sus empleados, porque lo primero que hace para obtener mayores utilidades es recortar el personal, amén de pagar salarios de hambre, y siempre bajo la premisa ética (cortesía del cacique potosino Gonzalo N. Santos, El Alazán Tostado), de que la moral es un árbol que da moras o sirve para una chingada.

Para dar una idea, en el periodo abril-mayo de 2009, los meses más duros de la pandemia de influenza, se cancelaron 171 mil empleos formales, pero en el último mes de ese año –superada la crisis sanitaria, según la versión oficial de entonces–, 187 mil trabajadores del sector formal de la economía terminaron en la calle, con todo y programa oportuno contra la crisis ( Corona-Borolas dixit, el autodenominado presidente del empleo).

Pero vendrían tiempos mejores, según prometieron a los mexicanos, y ellos se tradujeron en lo siguiente: si se suma la cancelación de empleos formales que se registró de diciembre de 2012 (cuando en Los Pinos se instaló el novio de Tania Ruiz) a igual mes de 2018 (el sexenio completo, pues) la pérdida decembrina acumulada fue de un millón 674 mil plazas (promedio anual de 279 mil, el primer diciembre de Andrés Manuel fueron 378 mil).

¿Por qué les gustó diciembre? Bueno, porque esos mismos empresarios que hoy, de nueva cuenta, exigen que el erario los rescate, y rapidito, tienen la práctica de correr a buena parte de su personal para no pagar aguinaldo, y, en el mejor de los casos, la recontrata en enero.

Lo mejor del caso es que muchos de los consorcios –y sus dueños, desde luego– que sin más despiden a los trabajadores, han sido certificados como empresas socialmente responsables, una estrellita que les concede el Centro Mexicano para la Filantropía.

Las rebanadas del pastel

Sirva el siguiente ejemplo para entender el alcance y calidad de tal estrellita: el consorcio Alsea, una de las empresas socialmente responsables, mandó a su casa a todo el personal sin goce de sueldo. De ese tamaño.

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