En menos de 12 años –desde diciembre de 2008, marco de las crisis financiera económica mundial, hasta febrero de 2020–, la deuda externa de México creció 749 por ciento, 182 mil 338 millones de dólares. En particular, la contratada con organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo lo hizo en 198 por ciento, sin que en todos los casos sea posible trazar el destino de estos recursos, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En 2008 la deuda externa neta de México alcanzó 24 mil 319 millones de dólares; un año después, cuando la crisis económica fue simultánea a la emergencia sanitaria de la influenza H1N1, el endeudamiento externo creció 277 por ciento en un solo año. Entre varios préstamos que se hicieron para paliar la situación, la ASF documentó que uno del Banco Mundial por 19 mil 46 millones en 2009, durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa, que no tuvieron un destino específico.

Es una constante que recalca el ente a propósito de la política de deuda en México. No es posible identificar el uso y destino específico de los recursos provenientes del endeudamiento, debido a que la SHCP deposita dichos recursos en una cuenta general de la Tesorería de la Federación que se utiliza para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para ese mismo ejercicio fiscal; a ellos suma que la mayor parte de los recursos se reinvierte en el pago servicio de la deuda, lo que implica que ésta no ceda.

A este febrero la deuda externa alcanza 206 mil 657 millones de dólares; la revaloración del dólar frente a otras divisas (73 por ciento de la deuda externa está en dólares) y las amortizaciones dispuestas en este tiempo implicaron que en dos meses el endeudamiento creciera 2 mil 949 millones de dólares, prácticamente 50 veces más de lo que se pretende obtener con los recortes al salario de la alta burocracia anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hoy, firmas financieras estiman una caída de hasta 8 por ciento en la economía mexicana este año. Se ha recomendado al gobierno federal que, con el fin de generar un paquete fiscal que aumente al gasto y dé apoyo a una mayor parte de la población afectada, se use la Línea de Crédito Flexible por 61 mil millones de dólares que el FMI aprobó en noviembre pasado.

Moratoria sin pedir permiso

En entrevista, Eric Toussaint, portavoz de la red internacional del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, consideró que en estas condiciones, en vez de acudir al organismo internacional, el país puede declarar una suspensión de pagos y realizar una auditoría ciudadana para revisar el uso que se ha dado a los recursos con que se ha endeudado al país.

México no tiene que pedir a nadie el derecho de declararse en moratoria de pago. Es un acto unilateral, basado en el derecho internacional, explicó. Al amparo del Estado de necesidad que implica una situación de emergencia en la cual hay que proteger la vida del pueblo, las obligaciones internacionales de un Estado pueden ser totalmente suspendidas porque son secundarias.

Frente a posibles represiones de los mercados internacionales: Hemos entrado en otra situación mundial. No es el tema de cómo vamos a traer más inversiones. El mundo está entrando en una recesión que países como México no han visto desde los años 20 o 30, desde hace un siglo. Todos los economistas lo saben, todos los organismos internacionales saben que vamos a tener un descenso de la actividad económica brutal y masiva a escala mundial, explicó.

“Ya no se trata de convencer a los inversionistas, sino enfrentar una crisis como no hemos tenido en un siglo, ese es el tema […]. México tiene lo recursos financieros, materiales y humanos para enfrentar esa crisis si se hace dentro de un marco de una justicia social, quienes tienen más ayudar a los más afectados”, explicó.

En ese sentido, recomendó al país declarar moratoria, llevar esos recursos a infraestructura hospitalaria, postergar grandes inversiones que no so necesarias en ese momento, ya que éstas se pueden aplazar para enfrentar la crisis actual, sin pedir crédito a prestamistas internacionales; gravar el patrimonio de 10 por ciento más rico, imponer control sobre movimiento de capital para evitar su fuga.