La administración capitalina implementó una serie de medidas para reducir el riesgo de contagio por Covid-19 en los 13 centros penitenciarios, donde se encuentran recluidas 25 mil 41 personas; y trabaja con el Poder Judicial en un programa de preliberación.

Hoy cada centro cuenta con espacios para aislar a algún interno –donde 95 por ciento son hombres– que presente síntomas y a reclusos de nuevo ingreso que den positivo a la prueba de este virus, cuyo número oscila entre 35 y 50 al día.

Dicha medida se suma a la restricción de las visitas familiares, las cuales se fijaron en martes y sábado y jueves y domingo, y a partir de esta semana será de un máximo de dos por interno, informó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local, Nashieli Ramírez.

Asimismo, se realiza limpieza y sanitización de dormitorios, auditorios, zonas generales y oficinas en reclusorios, los cinco centros de atención especializada para adolescentes, donde están 117, y el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social El Torito.

Con el Poder Judicial se trabaja en un programa de preliberación en beneficio de mujeres embarazadas o personas muy mayores que lleven varios años cubriendo su sentencia, y dependerá del delito que cometieron, precisó a su vez la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Las personas privadas de la libertad, familias y personal penitenciario tienen mayor riesgo ante la pandemia de Covid-19, debido a que en varios centros existen deficientes condiciones de equipamiento e higiene, advirtió por su parte la organización Inserta.

Familiares de internos en el Reclusorio Oriente, donde están 8 mil 435 reclusos que rebasan en 2 mil 227 su capacidad instalada, expresaron su preocupación ante un posible contagio, porque hay hacinamiento en los dormitorios.

María de Lourdes N explicó que no basta con reducir las visitas o dizque limpiar el penal, si donde duermen están todos amontonados, en condiciones precarias, y tienen que pagar por todo, y para no hacer la fajina, que es lavar los baños, que es asqueroso.

Tan sólo para ingresar a los locutorios, para hablar con alguno de nuestros representados, el costo se elevó mil 400 por ciento, al pasar de 10 a 150 pesos, en promedio, que se entregan a un interno para que lo llame, comentó Héctor Segovia.

El penalista, con más de 30 años de experiencia, señaló que la vida al interior de los centros penitenciarios continúa normal, con los cobros que deben pagar los internos para asearse, hacerse de algún producto y hasta protegerse, lo cual no sale de sus cuatro paredes.

La emergencia sanitaria, empero, ha generado que haya un mayor número de erizos (internos que dejan de ser visitados por sus familiares) por temor a un contagio o porque es un delincuente reincidente, comentó.

La población femenil, destacó, también sufre ese abandono, contrario a la varonil, que es visitada por la esposa, amante, concubina, mamá, hijas o tías, quienes le llevan comida y dinero para que la vaya pasando.

El dinero no alcanza para mantenernos afuera y darle para gastos y no le pase nada, porque siempre hay algún maldito que quiere ver la cara a los nuevos, y si te dejas una vez, te agarran de bajada, pero si le pegas, te meten al hoyo. Mejor pagas, expresó Lucía N.

Su familiar es un interno en el Reclusorio Norte, donde hay sobrepoblación y las camas son insuficientes. “Me dice que hay gente que duerme parada, que le dicen vampiros. Con eso hay más riesgo de contagio”.

La Subsecretaría de Sistema Penitenciario precisó que en dicho centro se tienen 7 mil 184 internos, que sobrepasan en mil 92 la capacidad instalada, una sobrepoblación de 17.93 por ciento, aunque en el Oriente es de 35.87 por ciento.

La población, sin embargo, se redujo 60.1 por ciento en los pasados nueve años, de 41 mil 622 a 25 mil 41. De ellos, 19 mil 500 son sentenciados y 5 mil 541procesados; y de éstos, 22 mil 316 están por delitos del fuero común y 2 mil 725 del fuero federal, indicó.

38 por ciento tenía un oficio, 27.15 era comerciante, 15.82 era empleado particular, 4.14 era obrero y 1.56 se dedicaba al hogar; casi 80 por ciento era soltero o vivía en unión libre, y 47.63 por ciento tiene secundaria, 23.94 primaria y 16.42 bachillerato.

Únicamente 6.08 por ciento es profesional, 1.37 cuenta con carrera técnica y 1.90 por ciento son analfabetos; mientras, de 256 extranjeros, los de Colombia se ubican en primer sitio, con 106, seguidos de los de Perú, Venezuela, Honduras y Estados Unidos, que representan 75 por ciento del total.

Casi cuatro de cada 10 internos ingresaron a algún centro penitenciario por el delito de robo calificado, es decir, 9 mil 775; en tanto, 4 mil 963 lo hicieron por homicidio; 3 mil 564 por privación ilegal de la libertad y 2 mil 72 por delitos sexuales.

Otros mil 620 lo hicieron por el delito de portación de armas de fuego y explosivos, mil 224 contra la salud, mil 28 por otros; 295 por lesiones; 177 por extorsión, 127 por robo simple, 114 por feminicidio y 82 por delincuencia organizada.

Mientras, 3 mil 77 son adultos mayores, con discapacidad física o sicosocial, VIH-sida, indígenas, gays, mujeres embarazadas y menores viviendo con sus madres, que suman 54.