Uno de los sectores de más alto riesgo ante la propagación del Covid-19 es el de los menores de edad detenidos en diversas cárceles del orbe, por lo que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) llamó a los estados en todo el mundo a liberar a los niños y adolescentes que puedan regresar con seguridad a sus familias.

Números del organismo estiman que hay más de un millón de menores internos en centros penitenciarios, la gran mayoría entre los 14 y 17 años, y muchos de ellos por delitos no graves.

En un llamado difundido ayer, la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, señaló que las graves condiciones en esos espacios de detención son un riesgo alto para que los niños se contagien de Covid-19.

Muchos son retenidos en espacios confinados y superpoblados con un acceso inadecuado a la nutrición, la atención sanitaria y los servicios de higiene, condiciones que son muy propicias para la propagación de enfermedades como Covid-19. Un brote en una de estas instalaciones podría ocurrir en cualquier momento.

Añadió que la pandemia o las medidas de contención pueden causar falta de personal o de atención en esos centros penitenciarios, lo que incrementa las posibilidades de los menores de ser abandonados o que sean víctimas de abusos y de violencia de género.

Hacemos un llamado a los gobiernos y otras autoridades de detención para que liberen urgentemente a todos los niños que puedan regresar con seguridad a sus familias o tengan una alternativa apropiada. Entre esas alternativas se incluyen las familias lejanas u otros cuidados de carácter familiar o comunitario, enfatizó.

El Unicef también exigió a los gobiernos mundiales una suspensión inmediata de nuevas entradas de niños y adolescentes a los centros de detención.

Fore recordó que el organismo a su cargo, junto con la Alianza para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria, otras organizaciones de los derechos de la infancia, académicos y organismos de las Naciones Unidas, publicaron recientemente una guía sobre las principales medidas que pueden adoptar las autoridades para proteger a los menores privados de su libertad durante la pandemia.