ntegrantes del capítulo mexicano de la Red en Defensa de la Humanidad (REDH), a instancias de Pablo González Casanova, expresaron su indignación por la ofensiva del gobierno de Donald Trump en contra de la República Bolivariana de Venezuela, por romper con el marco jurídico internacional y la convivencia pacífica entre naciones que, en el contexto de los devastadores efectos mundiales que está dejando la pandemia del Covid-19, resulta en un crimen de Estado y lesa humanidad.

El capítulo mexicano señala con pertinencia que, en lugar de atender las urgentes necesidades del pueblo de Estados Unidos, paradójicamente, el nuevo epicentro de esta crisis mundial de salud, Trump hace gala no de políticas solidarias como las de Cuba, que manda brigadas médicas a varios países, sino de acciones perversas e inhumanas contra el pueblo y el gobierno venezolano. Se considera que “la reciente acusación de narcoterrorismo contra el presidente Nicolás Maduro y otros connotados funcionarios del Estado venezolano, violenta los marcos jurídicos de la ONU, expresa el grado de descomposición de la política exterior estadunidense y refleja su desesperación por la continuidad del proyecto chavista y bolivariano y la responsabilidad social con la que, a pesar del bloqueo económico, financiero y comercial, el gobierno de Maduro está enfrentando la pandemia”.

Significativamente, el capítulo estadunidense de la REDH expresó su más sincera solidaridad con el pueblo de Venezuela y su único presidente legítimo, Nicolás Maduro Moros, en esta hora de peligro. La administración de Estados Unidos crea más conflictos y agresiones contra Venezuela, mientras personas de todo el mundo luchan contra una peligrosa pandemia. Ese decidido y valiente grupo de hombres y mujeres estadunidenses, que en las más adversas condiciones políticas, estrechamente vigilados por organismos de seguridad interior y, algunos de ellos, enfrentando procesos legales por su apoyo a Venezuela, considera indignante que su gobierno esté destinando recursos para la guerra, mientras la administración de Trump se muestra desorganizada e inepta para conseguir equipos de salvamento como ventiladores, camas e, incluso, mascarillas, para su propia población y los profesionales de la salud que están al frente de esta lucha.

Por su lado, la Secretaría Ejecutiva de la REDH identifica el pretexto para justificar una invasión al territorio venezolano en plena pandemia y con mezquinos propósitos electoreros: Trump anunció operaciones antidroga y el despliegue de barcos en el Caribe y el Pacífico oriental, centrándose particularmente en Venezuela, cuyo gobierno, según el secretario de Defensa, Mark Esper, depende de las ganancias derivadas de la venta de narcóticos. El mundo entero sabe que Venezuela no figura entre los países que producen, trafican ni consumen drogas. No aparece en las estadísticas de los recientes informes de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, correspondientes a 2019. Sólo figura como la nación con mayores incautaciones de narcóticos. Es Colombia, y no Venezuela, el mayor productor de cocaína del planeta. De las 245 mil 400 hectáreas de cocaína que fueron cultivadas en 2017, 69.68 por ciento, es decir, 171 mil, estaba en territorio colombiano. Es también Colombia el mayor productor de cocaína 100 por ciento pura: de mil 970 toneladas que se produjeron en 2017, en ese país se fabricaron mil 379 toneladas. Aquí es importante destacar que Estados Unidos es uno de los principales consumidoresde drogas y el principal vendedor de armas en el mundo. Recordar que Colombia, ahora integrante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es el subalterno estratégico de Estados Unidos para una acción militar, directa o indirecta, contra Venezuela. Precisamente, en el análisis de este contexto de guerra, he venido proponiendo el concepto de terrorismo global de Estado como la política de violencia perpetrada por aparatos estatales imperialistas en el ámbito mundial contra pueblos y gobiernos, con el propósito de infundir terror y en violación de las normas del derecho nacional e internacional. El terrorismo global de Estado cuenta con la complicidad de estados de seguridad interna, aliados o subordinados, que operan bajo control estadunidense. Este es el caso de Colombia.

En estos tiempos de tormenta, en que la humanidad puede sucumbir ante el colapso civilizatorio ocasionado por el capitalismo, es indispensable el cese inmediato de amenazas y maniobras militares de Estados Unidos en América Latina (y en Europa) y, sobre todo, el fin del infame bloqueo de insumos humanitarios a Cuba y Venezuela. El terrorismo global de Estado tiene que ser derrotado para vislumbrar un futuro libre de guerras y violencia. En estos momentos de prueba, la solidaridad de los pueblos del mundo con Cuba y Venezuela se torna en un imprescindible recurso en defensa de la humanidad.